El despropósito estatutario de Cataluña toca a su fin, y lo está haciendo de forma tortuosa, decadente, impropia de un acontecimiento que debería ser creativo y gozoso. Destruido el tripartito por sus contradicciones intrínsecas respecto del Estatuto, los restos del gobierno de la Generalitat han convocado el referéndum preceptivo del día 18 y los diversos partidos comenzaron ayer una campaña surrealista que, con toda seguridad, terminará de irritar a los ciudadanos, sujetos pasivos del gran desmán. Como es sabido, el PSC, que argumenta mediáticamente su «sí» con un intolerable eslogan insultante para el Partido Popular, y CiU propugna el voto afirmativo. ERC y el PP apuestan por el «no» por razones diametralmente opuestas. Y para cerrar el círculo de la sinrazón, la Junta Electoral Central ha prohibido que la publicidad institucional haga una llamada a la participación. Puede defenderse intelectualmente que habrá quien practique la abstención activa y consciente y que su opción merece tanto respeto como cualquier otra, pero habrá que reconocer que esta tesis, traducida a pronunciamientos institucionales, es como mínimo pintoresca.

Como es sabido, el Estatuto sometido a consulta popular es muy distinto del que fue aprobado por el Parlament con un masivo respaldo del 90% y que era conscientemente inconstitucional. Una vez ultimado aquel malhadado proyecto, el pacto Zapatero-Mas cepilló -el término es de Alfonso Guerra, y está siendo profusamente utilizado por ERC- las principales aristas de aquel bodrio y lo volvió sustancialmente constitucional, condición necesaria pero no suficiente para acreditar la solvencia, la oportunidad y la calidad de la propuesta. El Estatuto catalán que probablemente será aprobado el 18 es farragoso, intervencionista, excéntrico en muchos aspectos... Invade además esferas que no son propiamente autonómicas, consolida criterios confederales de muy dudosa entidad y divaga inútilmente por parajes que no le conciernen. Pese a ello, y cuando el asunto está ya planteado en forma de dilema -el sí o el no-, parece claro que hay más razones para postular la afirmación que la negación.

En efecto, el nuevo Estatuto acentúa el autogobierno y mejora la financiación, en términos que serán emulados por las restantes CC AA. Y, sobre todo, marca una dirección general de avance y desarrollo del Estado de las Autonomías. La opción contraria, el «no» que conduciría al fracaso del Estatuto, tendría un efecto destructivo: dejaría en evidencia a las dos fuerzas mayoritarias de Cataluña, PSC y CiU, potenciaría a los extremos, cegaría los horizontes próximos y remotos y extendería una gran frustración. Y es sin duda la interiorización reflexiva de este dilema la que ha generado un relevante apoyo al «sí» proveniente de la mayoría de las instituciones sociales de Cataluña. En consecuencia, cabe presagiar que, aunque con la nariz tapada, la sociedad catalana acudirá a votar una norma pésimamente concebida y sólo mediocremente terminada que, en cualquier caso, eleva un escalón el autogobierno y moderniza relativamente el régimen de la autonomía. Y ello será así a pesar de que muchos deberán vencer la tentación de desentenderse de la pobre propuesta y aun de castigar a los irreflexivos cabecillas del disparate.

A estas alturas, con el Estatuto ya cerrado y al borde de su ratificación, ya no tiene sentido polemizar en Cataluña sobre los defectos, algunos manifiestos, del texto estatutario, ni mantener en los foros políticos el debate sobre si se han eliminado realmente todos los motivos de inconstitucionalidad o aún perviven algunos de ellos, como parece claro en determinadas materias. Sin embargo, ese debate debe proseguir en el conjunto del Estado porque, como bien se ve, las restantes comunidades autónomas piensan emular los logros del Estatuto catalán. El proyecto de Estatuto andaluz copia párrafos enteros de su referente y el proyecto de Estatuto balear, de paternidad distinta, está jugando con la idea de reproducir la disposición transitoria octava de aquél que aseguraría a la comunidad autónoma una inversión estatal concreta proporcional al PIB relativo en un determinado período de tiempo...

El PP ha anunciado la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en cuanto el Estatuto catalán haya sido ratificado y promulgado, y ello es plenamente coherente con su rechazo a la propuesta. Es más: este recurso resultaba simplemente indispensable para que cesen de una vez las inquietantes afirmaciones de que se pretende reformar indirecta y subrepticiamente la Constitución por la vía de las reformas estatutarias. Sin embargo, la actuación del Tribunal Constitucional tiene un problema: que la sentencia tardará años en llegar... a menos que los magistrados de la alta institución comprendan la urgencia del caso y actúen en consecuencia. Cuando está a punto de desarrollarse una reforma integral de la estructura territorial del Estado sobre las pautas establecidas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, resultaría inconcebible que el TC no fuera capaz de emitir su dictamen vinculante cuando aún sea tiempo de evitar errores.