La atención mediática en la operación Halcón se ha desviado hacia la supuesta implicación de miembros de la familia de Jesulín de Ubrique, las prácticas ilícitas del presunto cabecilla de la organización, Carlos Carretero, y la estructura empresarial ficticia creada para la emisión de facturas falsas. Pero las repercusiones que ha podido tener el fraude fiscal en la economía de miles de familia de la Sierra han quedado en un segundo plano, aunque la Agencia Tributaria alertó en uno de sus informes de las consecuencias que podría traer consigo, advirtiendo incluso que podrían abocar a la ruina a comarcas como la de Ubrique.

El organismo dependiente de Hacienda elevó en octubre de 2005 un informe al juez instructor del caso, el titular del juzgado nº2 de Jerez, para solicitar la urgente intervención de los teléfonos de Carretero, sus más estrechos colaboradores y aquellos números relacionados con otras empresas vinculadas al entramado. Motivaba esta medida en el volumen de lo defraudado (por esa fecha ya ascendía a los 28 millones, una cifra pequeña si se compara con los 60 millones que se apuntan en el último comunicado de la Agencia Tributaria hace escasos días), la imposibilidad de seguir con las pesquisas sin conocer el contenido de las conversaciones telefónicas y la gravedad de los hechos.

El citado informe, que forma parte de las diligencias previas de la operación, explica los cuantiosos beneficios que obtenían los clientes del entramado liderado por Carretero, mediante desgravaciones fiscales, «falseando al mismo tiempo la cuenta de pérdidas y ganancias» de sus respectivas empresas y «expulsando del mercado» al resto de firmas que operan de acuerdo con la ley. La Agencia Tributaria es demoledora a la hora de valorar la gravedad del fraude: «Podría tener unas consecuencias gravísimas para determinadas zonas como puede ser la comarca de Ubrique, cuya economía, basada en gran medida,» en el sector de la piel, «podría verse abocada a la ruina con la consiguiente alarma social».

Competencia desleal

La competencia desleal fue una de las armas que esgrimió Hacienda para subrayar la importancia de la operación Halcón, cuyas primeras pesquisas arrancaron en marzo de 2005 con el seguimiento de los movimientos de la empresa Carla Javini S. L. y su actividad empresarial en los ejercicios 2001 hasta 2004.

Así, los funcionarios observaron a través de las ventas imputadas a esta firma dedicada supuestamente a la venta al por mayor de artículos de marroquinería, que estaba íntimamente relaciona con diez empresas más, que le servían de cliente para la emisión de las facturas falsas. Entre esas empresas están: Algodo-Piel, Área Inmobiliaria de la Sierra S. L., Pieles y Complementos Europa o Marroquinería del Sur.

Todas ellas tienen como fin, según el informe de la Agencia Tributaria, servir de empresas pantalla para emitir facturas falsas tanto a clientes finales como a otras firmas del entramado, para así dificultar el rastreo fiscal de sus actividades. El fin último era montar una tela de araña tan tupida donde era difícil saber de qué hilo tirar.

Pero los funcionarios de Hacienda supieron encontrar el camino que les llevó a descubrir otras nueve empresas y particulares implicados en la organización y reconstruir, así, el entramado empresarial fraudulento. Como se puede ver en el listado de firmas investigadas, la red de empresas pantalla no sólo se crearon dentro del sector de la marroquinería, también había piezas en la construcción e inmobiliarias como Transporte y Excavaciones Perkins o Grupo Financiero e Inmobiliario Jerezano.

Las piezas clave

Ésta última estaba participada en un 50% por Elisa Calvente (empleada y pareja sentimental de Carlos Carretero), su hermano Juan de Dios y una mujer, Antonia S. R., que es pareja de uno de los estrechos colaboradores del ex jefe de la Policía Local de Ubrique. Además, Elisa Calvente era la única persona autorizada para acceder a la cuenta bancaria. Esta mujer aparece como testaferro en mucha de la documentación intervenida durante las investigaciones y se la considera una pieza fundamental para los intereses de Carretero.

Los proveedores de esta firma eran en su inmensa mayoría otros eslabones de la cadena fraudulenta y es ejemplo de cómo funcionaban las empresas pantalla.