En respuesta a las declaraciones de Francisco Fernández Sánchez en la prensa del pasado martes, la Delegación provincial de la Consejería de Educación quiere aclarar una serie de cuestiones.

En primer lugar, hay que destacar que, dadas sus especiales características, que eran conocidas por los servicios correspondientes de esta delegación, en el caso de la escolarización de la niña Aitana Fernández se ha seguido un procedimiento específico, como bien se puede comprender. De esa forma, se le había realizado una reserva de plaza en el centro donde la Consejería reúne los recursos humanos y materiales adecuados para la atención de la citada alumna, un colegio, por cierto, bastante cercano al que sus padres han solicitado. Ese tratamiento específico explica, pero no justifica, la no aparición en las listas de la citada. En este sentido, el delegado ha dado instrucciones para que ese error sea corregido a la mayor brevedad.

Desde el mismo inicio del proceso de escolarización, aún antes de la salida de cualquier lista, hemos asistido a un proceso de movilización del AMPA del colegio Torresoto y de los propios padres solicitantes en el que se ha exigido la escolarización de la citada niña cuestionando la política de integración de la Consejería, y reduciendo prácticamente el problema a la instalación de un ascensor. Acerca de ambas cuestiones es necesario realizar algunas puntualizaciones.

La integración del alumnado con Necesidades Educativas Especiales está recogida en la Ley de Solidaridad en la Educación, como bien parecen conocer los padres que, de inmediato, han hecho uso de ella para aplicarla de una manera más que posiblemente insolidaria . Pareciera que no existieran ni en Jerez ni en Andalucía más niños con esas necesidades, y que la administración educativa escatimase con la escolarización adecuada de uno de esos niños. Evidentemente, no es así: los recursos, a pesar de que sean generosos cuando se estima necesario, son siempre limitados y están pagados por todos los ciudadanos. Es por ello por lo que la administración está obligada a hacer un uso racional, justo, equitativo y solidario de ellos. De ahí que -como la misma Ley indica- se puedan concentrar en determinados centros los recursos humanos y materiales para atender a este tipo de alumnado. Claro que ello se produce dentro de unas lógicas limitaciones de número de alumnos por centro -tres, en concreto-, y no de forma ilimitada, como sugiere el Sr. Fernández al decir que «los van a meter a todos en el mismo centro».

Con estos precedentes, la Administración cree haber actuado -además de según la ley- de forma prudente y responsable; algo que contrasta con una recogida de firmas por parte de los padres en la que se está pidiendo la solidaridad -y citamos las palabras textuales que se escuchan cuando requieren la firma- «con una niña a la que no quieren escolarizar porque tiene espina bífida». Establecer esa relación ante la opinión pública significa una simplificación y manipulación del problema que no podemos dejar de denunciar. Quizás convendría también explicar que esos padres sólo admiten una escolarización para su hija: la que ellos han decidido y en el colegio que quieren. Esa es la única solidaridad que parecen entender, la que empieza y acaba en ellos mismos, sin tener en cuenta los otros muchos casos que la Administración sí está obligada a tener en cuenta.

En otro orden de cosas, es recurrente la referencia a la eliminación de barreras arquitectónicas que aduce el Sr. Fernández. No cabe la menor duda de que le asiste la razón. Es por ello por lo que la Consejería de Educación ha puesto en marcha un ambicioso plan de cinco años -Plan Mejor Escuela- que supondrá la eliminación de dichas barreras. Pero no nos confundamos: eliminación de barreras no es igual a instalación de ascensores por sistema, y menos donde cada ciudadano lo exija.

Por último, El Delegado Provincial reitera su intención de recibir a los padres de la citada niña para exponerle las razones de la actuación de la Delegación. Ello ocurrirá cuando la agenda lo permita.