La reforma universitaria emprendida con celeridad por la segunda ministra de Educación del Gobierno socialista, Mercedes Cabrera, fue acogida ayer con satisfacción, no exenta de algunos matices críticos, por el pleno del Consejo de Coordinación Universitaria, máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario en el que están representados los rectores, los responsables de la enseñanza universitaria en las comunidades autónomas y 21 miembros elegidos por el Congreso, el Senado y el Ejecutivo entre personalidades de reconocido prestigio en el ámbito académico, social y cultural.

La ministra, en calidad también de presidenta del Consejo, presentó ante el pleno el borrador de la reforma de la Ley Orgánica de Universidades (LOU), que consagra una mayor autonomía para los centros universitarios y potencia de manera notable su capacidad de autoorganización. En líneas generales, el proyecto fue acogido positivamente por los integrantes del Consejo, si bien se registraron algunas intervenciones de carácter más crítico.

Rejuvenecimiento

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) echó en falta un «compromiso de renovación y rejuvenecimiento» de las plantillas de profesores, mientras otras voces expresaron su temor a que los excesos de la autonomía de las universidades redunden en un «reclutamiento más interesado» del profesorado, tal como admitió la propia ministra.

Y es que el borrador de la LOU, en su actual redacción, incorpora un cambio fundamental en la selección del profesorado, ya que las universidades podrán seleccionarlos en base a su mera acreditación de méritos, que serán juzgado por tribunales académicos. Es decir, se sustituye el sistema de habilitación nacional hasta ahora vigente. Sin embargo, Cabrera no cree que los riesgos apuntados existan.

Para la ministra, la reforma universitaria les permite alcanzar una verdadera «mayoría de edad» y, por tanto, «deben cuidar de sí mismas, porque son las primeras interesadas en convertirse en las mejores universidades posibles y reclutar a los mejores profesores e investigadores».

Representantes de las universidades privadas también expusieron alguna objeción por lo que consideran una injerencia excesiva en asuntos de régimen interno, si bien la ministra indicó que se les reconoce su particular estatus privado, «aunque no dejan de ser universidades».

Cabrera no cerró la puerta a incorporar algunas observaciones en el proyecto, que fue acogido de manera positiva por los rectores, que recibieron con satisfacción la «eficacia y agilidad» con la que ha actuado la ministra, pero expresaron su interés por recoger en la reforma algún compromiso en pro del rejuvenecimiento de las plantillas del profesorado y demandó un replanteamiento de la financiación.