El proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía fue admitido a trámite ayer en el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del Partido Popular, que ya se había pronunciado de igual modo en el Parlamento andaluz junto al Partido Andalucista, pese a lo cual la propuesta consiguió el preceptivo respaldo de los tres quintos de la Cámara autonómica como se ocupó de recordar el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero.

No es una buena noticia para nadie, ni para los andaluces ni para los ciudadanos del resto de España, que la reforma del Estatuto andaluz no cuente con el consenso de los dos grandes partidos, como sí logró el Estatuto valenciano, también liberado de la presión de los grupos nacionalistas sobre el equilibrio político de esa comunidad autónoma. Con seguridad se podrán repartir responsabilidades, pero no cabe duda de que el Partido Popular ha apurado la estrategia de zancadillear esta reforma en el principal flanco electoral del PSOE tal como en el segundo, Cataluña. Zapatero recordó ayer que la UCD, precedente del actual Partido Popular, labró su decadencia precisamente en Andalucía al oponerse en 1980 a que esta región tramitase su Estatuto por la vía 'rápida' del artículo. 151 de la Constitución; sin embargo, es claro que las causas de la actual oposición del PP al proyecto estatutario son bien distintas, no tan estructurales como entonces sino más coyunturales por la radical confrontación en que viven instalados PP y PSOE en todos los ámbitos en que tienen oportunidad de colisionar.



El proyecto de Estatuto andaluz que ha sido tomado en consideración por la Cámara Baja del Parlamento español, y que ahora seguirá el mismo trámite que el catalán, adolece de algunos de los defectos del nuevo Estatut: intervencionismo, prolijidad, farragosidad, etcétera. Sin embargo, tiene la virtud de imponer al futuro Estado de las

Autonomías una saludable simetría 'federalista', que se hace explícita al proclamar la multilateralidad del sistema de financiación. El PSOE andaluz encabezado por Manuel Chaves ha impuesto claramente el criterio de negarse a que Andalucía sea 'menos' que otra comunidad, en este caso con la referencia de Cataluña; un designio que, aunque

ideológicamente opinable, resulta saludable políticamente en un contexto en que diversas fuerzas nacionalistas alardean del "derecho a la diferencia" como coartada para obtener ventajes unilaterales.

En este marco, en el que no puede haber discrepancia de fondo entre socialistas y populares, el acuerdo de las dos fuerzas mayoritarias no debería ser imposible, y desde luego el incumplimiento de ese objetivo no se justificaría por el solo hecho de que en el preámbulo se incluya una afirmación tan inocua y escasamente beligerante como la de que "La Constitución española, en su artículo 2º, reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad".



Las intervenciones de Zapatero y de Rajoy, ayer, en la defensa de sus respectivas posiciones fueron tan ácidas y dispares como rotundas, pero no hubo en ellas argumentos bastantes para que la ciudadanía considere justificada la incapacidad de llegar a un acuerdo que resultaría esencial para encauzar definitivamente el debate territorial en curso que irremisiblemente alcanzará a su término a la práctica totalidad de las CCAA.

A la propuesta estatutaria andaluza le aguarda un largo trámite, en ponencia, en la Comisión Constitucional y en plenario, durante el cual es perfectamente posible que se limen aristas y se alcance ese acuerdo, que sería reconfortante para quienes pensamos que la solidez del Estado se basa sobre todo en la firmeza del consenso originario, no sólo el constitucional sino también el que alcanza a las grandes normas que definen la estructura del modelo administrativo-territorial.