Según declaraciones de la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, el objetivo de la Junta de Andalucía con la nueva normativa de vivienda protegida es facilitar el acceso a este mercado a los jóvenes, compensando «el esfuerzo de solidaridad de la sociedad». Este fin no cabe considerarlo otra cosa que un fin loable, así que, ¿por qué tanto revuelo? La ley afecta en mayor o menor grado a todos los propietarios de viviendas protegidas de Andalucía en algo tan importante como la vivienda.

Hasta ahora, la mayor parte de las viviendas protegidas existentes en el mercado se han beneficiado de unas ayudas de la Junta mediante exención de impuestos o prestamos bonificados, en un importe de un 5-10% de valor de la vivienda, en la mayoría de los casos con una cuantía bastante inferior al millón de las antiguas pesetas. El resto del valor debía ser financiado por su propietario. Cuando la vivienda se vende en una segunda o posterior transmisión el comprador ya no tiene ningún tipo de ayuda, por lo que actualmente existe una gran cantidad de propietarios de VPO que no se ha beneficiado de nada al no haber obtenido ningún tipo de ayuda pública.

Durante los últimos cinco años se ha producido una subida generalizada en los precios de la vivienda de tal manera que los precios han llegado a duplicarse en este breve periodo de tiempo generándose unas importantes plusvalías para sus propietarios.

Según se establece en el Reglamento de VPO, el propietario dispone de la posibilidad de descalificar su vivienda, devolviendo las ayudas percibidas con sus correspondientes intereses legales, con lo cual, la Administración quedaba resarcida de la ayudas facilitadas al propietario y éste podía disponer de su vivienda como cualquier propietario de vivienda libre.

La alarma social causada por esta ley surge cuando la Administración de la Junta de Andalucía no se conforma con recibir el importe invertido en la VPO con sus correspondientes intereses legales y, aumentando sus pretensiones en un afán claramente especulativo, decide que le pertenece la plusvalía acumulada por la vivienda aduciendo que sus propietarios son beneficiarios de unas ayudas públicas y que la ganancia o plusvalía de la venta de la vivienda pertenece al conjunto de la sociedad, es decir, que, según la Junta de Andalucía, una aportación del 10% de la inversión la legítima para quedarse con la totalidad del beneficio.

Para llevar adelante este plan ha sido necesario, no sólo implementar el nuevo régimen legal de las VPO, sino además establecer limitaciones y trabas a la capacidad de descalificar de sus propietarios mas allá de lo que dispone la normativa aplicable, con un estrategia que no puede ser calificada de otro modo que una trampa que vulnera el principio de buena fe que debe regir toda actuación administrativa.

Por este procedimiento la ayuda prestada por la administración en la financiación de una vivienda protegida debe ser devuelta multiplicada por cincuenta en lo que puede denominarse como un tributo social especulativo equivalente, por ejemplo, a pedir la devolución de cincuenta veces el importe de una beca concedida a un estudiante una vez que éste ha terminado la carrera y encontrado trabajo.

A la vista de lo anterior cabe preguntarse dónde está el esfuerzo de solidaridad de la sociedad, porque los hechos vienen a demostrar que este esfuerzo es absolutamente insolidario al hacer recaer exclusivamente sobre el actual propietario de una VPO todo el esfuerzo necesario para que otras personas puedan acceder a una vivienda.

La Junta, además, actúa con un doble rasero, el que aplica a los ciudadanos que tienen vivienda de protección oficial y el que se aplica ella misma. Porque la Administración autonómica no admite culpabilidad alguna en el descenso continuado que tiene la construcción de este tipo de viviendas desde que se hizo con las competencias, llegando al extremo de que en el periodo de su gestión en vivienda se ha construido un 70% menos de VPO de las que se hicieron por el Gobierno central en el mismo numero de años. Esta dejadez de sus funciones, no es por supuesto, falta de solidaridad.

De este modo, se pone de manifiesto que el respeto de los principios de legalidad, si es que esta Ley llega a respetarlos, es compatible con una enorme inmoralidad y que, por lo tanto, de dicho respeto no puede deducirse una conexión muy relevante entre derecho y moral y, no digamos ya, entre ética y política.