El acuerdo alcanzado por el Gobierno con CiU y el PNV para impulsar la reforma fiscal ha estado forzado por las circunstancias políticas que habían forzado un cambio en el juego de alianzas del Ejecutivo a raíz de la crisis del Estatut entre el PSOE y ERC. Es posible que el proyecto de ley presentado en el Congreso esta semana por el ministro Solbes no sea el mas coherente con la coyuntura económica que atraviesa nuestra economía y que animaba a afrontar una reforma mucho más profunda, pero en el trámite parlamentario, ni siquiera la economía puede obviar a la política y a su dinámica posibilista.
Los socios de Gobierno del PSOE -ERC e IU- nunca vieron con buenos ojos dos de las actuaciones básicas de la reforma fiscal cocinada por Solbes: la reducción del tipo del impuesto de sociedades, que ahora disminuye del 35% al 30% y la de los tipos máximos del impuesto sobre la renta de las personas, que lo hace del 45 al 43%; motivo por el que el Ejecutivo de Zapatero ha buscado el pacto con las dos otras formaciones que permitían al proyecto de Hacienda salvar el trámite de las enmiendas. La ruptura de las alianzas forzada por el caos en el que ha degenerado el proceso de tramitación del Estatuto catalán ponía en bandeja el relevo de los apoyos políticos para esta nueva etapa y el Gobierno lo ha aprovechado. Si el ala más a la izquierda del arco político español le facilitó al Gabinete de Zapatero el impulso de las normas sociales más polémicas, ahora han sido los nacionalistas catalanes y vascos los que le han apoyado en una reforma fiscal difícilmente digerible para ERC o IU. De hecho, la reforma continúa en la senda de las dos anteriores de los Ejecutivos del PP y el giro forzado por los apoyos de CiU y el PNV ha permitido, entre otras, que la rebaja del impuesto de sociedades, que debía escalonarse en varios años, se hará finalmente a lo largo del año que viene o que se mantengan las deducciones por reinversiones o I+D+i.
El proyecto de ley de reforma fiscal se ha planteado así como un avance en aspectos que no podían seguir quedando aplazados, pero que tampoco se verán resueltos con las medidas propuestas; como refleja el recorte del tipo del impuesto de sociedades. En momentos de abundancia recaudatoria como los actuales, se puede reducir el tipo impositivo sin que ello provoque merma grave en la recaudación, gracias a los incrementos esperados en las bases imponibles, lo que a su vez es consecuencia de un mayor crecimiento de la actividad. Ahora bien, que con impuestos del 30% nuestras empresas puedan competir frente al 12% del milagro irlandés, es una cuestión que queda pendiente, como el propio Solbes ha insinuado ya en el Congreso. Y esta, y no otra, es la esencia de la reforma en ciernes.