Nadie tiene en su mano la fórmula mágica para cortar de raíz las avalanchas de subsaharianos desesperados que arriban en cayucos a las costas de Canarias desbordando todas las previsiones. Pero siendo eso cierto, ante semejante situación el Gobierno no debe mostrarse desconcertado, como está ocurriendo, sino mantener coherencia y firmeza dentro de unas dificultades objetivas que no deben ocultarse a la población. Ni tampoco tratar de confundir a la opinión pública con datos increíbles estadísticos sobre la disminución del número de pateras.

El Consejo de Ministros ha aprobado una acción de respuesta extraordinaria, denominada Plan África 2006-2008, para hacer frente a la llegada de ilegales a las costas de Tenerife, El Hierro, Fuerteventura y La Gomera, que sólo el jueves sumaron 647 personas. Sin embargo, este plan de refuerzo de la presencia política y diplomática española en el África subsahariana, posiblemente oportuno, será a todas luces insuficiente para cortar las masivas expediciones de ilegales. Si la misión de los diez diplomáticos que se desplazarán a ese continente es procurar acuerdos de repatriación con los países de donde salen los ocupantes de los cayucos, es muy ingenuo pensar que puedan alcanzarse convenios sin contraprestaciones económicas. Fernández de la Vega hablaba ayer de ayudas en materia educativa, sanitaria y de cooperación al desarrollo, pero sin mostrar una sola cifra.

Extraña, pues, que se exhiba como solución un Plan que no va acompañado de dotación presupuestaria específica, del mismo modo que las autoridades no saben calcular, o no quieren ofrecer a la opinión pública, los costes en medios materiales y humanos del control de fronteras y de la acogida a quienes llegan en patera o cayuco. El desconcierto gubernamental se aprecia también en la tardanza del Ejecutivo, e incluso del propio Parlamento en su misión de control, para plantear enérgicamente a la UE el cumplimiento del compromiso de todos sus socios en la salvaguarda de las fronteras del espacio comunitario. Ahora se pide apoyo logístico a la UE -que en su momento fue bastante crítica con la regularización lanzada por el ministro Caldera- y una delegación especial de la Agencia Europea de Fronteras para Canarias, pero ¿con qué fuerza? No es éste el primer Gobierno que hace esas peticiones y ojalá sea ésta la primera vez que se atiende a las mismas desde Bruselas por parte de una UE incapaz de aprobar una política común en materia de inmigración.