El Gobierno y Gas Natural han recurrido la paralización por el Supremo de la OPA lanzada sobre Endesa. En su recurso de súplica, la gasista insta al alto tribunal a suspender cautelarmente el parón hasta pronunciarse sobre su actual petición. La sala tercera del Supremo verá posiblemente este mismo viernes los recursos planteados, y abrirá un plazo de alegaciones de cinco días antes de proceder a la resolución.

El Ejecutivo defiende que su decisión de autorizar la OPA no es lesiva para la competencia al ir acompañada de una veintena de condiciones. La gasista argumenta que difícilmente se puede producir «riesgo inminente» cuando su oferta ya está paralizada tanto por acuerdo de un juzgado mercantil como por la existencia de una OPA competidora sometida al examen del regulador. Con este mismo argumento, el abogado del Estado recuerda que los pretendidos efectos negativos invocados en el auto no serían inmediatos.

«Inconsistencias»

Gas Natural mantiene, en su recurso, que en el auto del Supremo que decidió la paralización cautelar de su OPA hay «inconsistencias» y fallos de motivación. Menciona, por ejemplo, la aceptación del aval presentado por la eléctrica ante el juzgado mercantil como eventual compensación de los daños producidos por la paralización del Supremo, sin tener en cuenta que los perjudicados serían distintos: el Estado y Gas Natural, en un caso, e Iberdrola y la gasista, en el otro.

El Supremo suspendió cautelarmente la autorización del Consejo de Ministros a la OPA de Gas Natural porque el pronunciamiento del Gobierno se apartó de la recomendación del Tribunal de Defensa de la Competencia y por considerar que la operación desencadenaría efectos irreparables e irreversibles.

El abogado del Estado defiende que las decisiones del Gobierno sobre concentraciones se han distanciado en muchas ocasiones de las recomendaciones del TDC y cita, en concreto, las operaciones en las que a un informe desfavorable siguió la aprobación condicionada. Niega, además, que los efectos de la autorización sean irreversibles, porque sería perfectamente posible volver al anterior marco de competencia.

Pero el desarrollo de la operación se complica más si cabe porque el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PP contra el decreto ley del Consejo de Ministros que amplió las funciones de la Comisión Nacional de la Energía, que ahora puede autorizar con condiciones o prohibir la OPA competidora lanzada por la alemana E.ON. El PP alega que la norma se aprobó de forma específica para bloquear esta operación, y que se ha utilizado la fórmula del decreto ley sin mediar la urgencia necesaria.

No hay dos sin tres, y la empresa germana ha pedido al ministro de Industria, José Montilla, que anule la decisión del regulador, que admitió a Iberdrola y Unión Fenosa como partes interesadas en el examen de su oferta, en su condición de copropietarias de centrales nucleares compartidas con Endesa. Según E.ON, el criterio ahora seguido por la CNE es distinto del seguido al analizar la concentración propuesta por Gas Natural.

Desde Bruselas, la CE anunció ayer que no revisará la autorización concedida a la OPA de E.ON aunque la alemana esté siendo investigada por posibles prácticas restrictivas a la libre competencia.