La operación lanzada ayer por la Policía ocupando las instalaciones de Afinsa y Fórum Filatélico para investigar los extremos de una supuesta estafa a gran escala ha vuelto a poner en entredicho la seguridad jurídica de este tipo de inversiones en bienes tangibles que no cuentan con el respaldo del Fondo de Garantía de Depósitos ni el de Garantía de Inversiones. Las empresas, que tienen sedes sociales en las mejores zonas de importantes ciudades españolas, no levantaron sospechas a nadie de la inseguridad que se escondía tras estos productos. Y, sin embargo, ahora muchos expertos hablan de la imposibilidad de que un negocio basado en la compra de sellos pudiese ofrecer rentabilidades muy superiores a las del mercado, o ya en el extremo del despropósito que siquiera existan en el mercado sellos con valor filatélico suficiente para cubrir la cantidad aportada por sus 350.000 inversores.

La existencia de una presunta estafa de tipo piramidal era una amenaza latente que al parecer estaba siendo inspeccionada desde hacía tres años por la Agencia Tributaria sin que los afectados supiesen nada de ello, hasta que ayer la fiscalía anticorrupción, que ve claros indicios de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad documental, destapó la caja de Pandora. La Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión, a la que pertenecían las empresas intervenidas, recordaba con sorpresa que la legislación vigente obliga a éstas a realizar estrictas auditorías anuales y la propia Fórum Filatélico ha subrayado que está conceptuada como una de las mejores empresas españolas de 2005 y que su «excelente salud» le permite hacer frente a los compromisos adquiridos; pero en medio, el Gobierno asegura que no va a tolerar ni un pequeño atisbo de corrupción aunque, lamentablemente, los afectados no cuentan con el seguro del Estado.

Los interrogantes que se abren a día de hoy no son pocos. Lo que sí parece confirmarse es que cuando el balance de los principales escándalos económicos en España en los últimos 25 años arroja un saldo de 500 millones de euros, perdidos en su mayoría por pequeños ahorradores, sin cuantificar el que posiblemente se está viviendo en estas horas y que puede ser monumental, las autoridades competentes no han tenido las ideas muy claras. En cualquier caso, harían muy bien los dos partidos con responsabilidad de Gobierno en guardarse mucho de utilizar este nuevo asunto como arma política arrojadiza e instar a la justicia a resolver a la mayor brevedad la investigación para conocer cuanto antes el alcance de los delitos y perjuicios económicos a cientos de miles de ciudadanos.