El Gobierno rechazó ayer asumir cualquier responsabilidad a raíz del caso Bono y su resultado, la condena de tres policías a penas de tres y cinco años de cárcel por la detención ilegal de dos militantes del PP a los que acusaron de agredir al ex ministro durante una marcha de la AVT. El PP exigió la dimisión del anterior ministro del Interior, José Antonio Alonso, por defender en el Parlamento el trabajo de los agentes.

La sentencia, que el lunes se llevó por delante al delegado del Gobierno en Madrid, fue recibida con gran alborozo por la dirección del PP, que decidió convertir el acoso al ministro Alonso en uno de los ejes de su estrategia opositora. Acebes y Zaplana anunciaron que su partido le ha retirado la confianza a Alonso, y su presidente, Mariano Rajoy, señaló que espera que Rodríguez Zapatero «cese» a los responsables del suceso, que calificó de «desaguisado».

Alonso acudió por la mañana al Congreso e intentó rebajar tensión. Recordó que el PP ya ha pedido su cabeza «decenas de veces» y subrayó que la sentencia señala que no hubo «ni la más mínima orden o implicación política», lo que demostraría que «el Gobierno ha dicho siempre la verdad». El ministro de Defensa aseguró que la reacción de los populares obedece a razones de «pura táctica política» y señaló que el delegado del Gobierno dimitió «en un acto de dignidad».

Con esa argumentación coincidió el actual jefe de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que resaltó en Sevilla que la sentencia «refuta definitivamente» las acusaciones del PP y pidió comparecer ante la comisión de Interior. El Gobierno recurrirá la sentencia porque «no es un fallo que se ajuste a derecho».

«Contradicciones»

El portavoz del PP en el Congreso aseguró que no descarta solicitar una comisión de investigación, ya que está convencido de que el ministro mintió. Para demostrarlo, los populares han elaborado un informe con diez «contradicciones» entre la sentencia y las afirmaciones que hizo Alonso. Entre esas «evidencias», figura la sustitución de los instructores de las diligencias; la expulsión de uno de los policías que se encargaban del caso; la ilegalidad de las detenciones; la falsificación de las actas; la no existencia de agresión y la intencionalidad política de los arrestos.

El Grupo Popular solicitó, además, la comparecencia urgente de Rodríguez Zapatero ante el pleno. Por su parte, los dos militantes del PP detenidos tras la manifestación de la AVT mostraron su satisfacción por el contenido de la sentencia.