El Tribunal Constitucional de Bolivia considera procedente el recurso de habeas corpus presentado por Repsol YPF, con lo que declara nula la detención de los directivos de la filial del grupo en el país andino (Andina) -Julio Gavito y Pedro Sánchez- el pasado marzo por presunto contrabando de crudo. La sentencia cuestiona, además, las actuaciones de allanamiento de la sede de la compañía en La Paz. No obstante, según fuentes de la Fiscalía de Santa Cruz, la investigación continúa abierta por la vía penal.

Según la petrolera, esta orden demuestra «la existencia de actuación indebida». La empresa denunció que las autoridades habían vulnerado «sus derechos a la libertad, a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la presunción de inocencia y a la garantía del debido proceso».

Repsol YPF recurrió ante el Tribunal Constitucional el fallo emitido por la Sala Civil Segunda de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz (Bolivia), que rechazaba el recurso de habeas corpus para que se levantara la orden de detención de estos directivos. La compañía destacó que en su fallo los integrantes del Tribunal no refutaron los alegatos respecto a la persecución indebida a la que estaban siendo sometidos Gavito y Sánchez.

Sin fundamentación

Previamente a la orden de detención de los directivos de Repsol YPF, un juez declaró la suspensión de la investigación que realizaba el Ministerio Público por no haber materia sujeta a juicio. A pesar de ello, dos fiscales se personaron en las instalaciones de Repsol.

La sentencia señala que los fiscales «sin ninguna fundamentación, libraron órdenes de aprehensión vigentes hasta el momento de la interposición del presente recurso, estando todos estos actos viciados de nulidad en virtud de que como la competencia del Juez de Instrucción estaba suspendida no podía realizarse ningún acto de investigación».

La compañía que preside Antonio Brufau resaltó que la decisión del Constitucional es «muy importante para Repsol», dado que «permitirá» revisar todo el proceso en el que se ha visto envuelto en los últimos meses. Las mismas fuentes destacaron que la compañía «reclamará daños y prejuicios».

Mientras tanto, continúa el proceso de nacionalización de los hidrocarburos. El Gobierno de Bolivia asegura haber tomado control de la gestión de las petroleras extranjeras después de que el lunes anunciara el nombramiento de los directores y síndicos que representarán al Estado en los consejos de dirección de las empresas.