El Ministerio de Vivienda aprobó el pasado 29 de abril que la Junta pueda autorizar el incremento del precio máximo de la vivienda protegida en ocho municipios de la provincia de Cádiz. Las localidades agraciadas han sido Jerez, Algeciras, Cádiz, Chiclana, El Puerto, La Línea, San Fernando y Sanlúcar, aunque queda el trámite de que la Junta formalice esta subida del precio máximo, que será de un 15% para las VPO de nueva construcción y de un 20% para las usadas adquiridas en segunda o posterior transmisión.

El criterio utilizado por el Ministerio para elegir estas poblaciones ha sido la existencia de «especiales dificultades de acceso a los pisos, como consecuencia de sus elevados precios medios comparativos con los de venta de los pisos libres». Esta circunstancia se da de forma especial en la provincia de Cádiz, si nos atenemos a los municipios elegidos por el Ministerio, ya que Cádiz duplica el número de éstos con respecto a la siguiente provincia andaluza, que es Málaga, con cuatro localidades.

En Andalucía le siguen Sevilla y Almería con tres, Granada con dos y Córdoba, Jaén y Huelva con una. En esta relación se incluyen como municipios afectados por la medida todas las capitales de provincia andaluzas.

Sin embargo, hay que señalar que el Ministerio ha incluido a Andalucía en la categoría con menor aumento porcentual de precio de las tres que contempla en el Decreto del Plan Estatal de Vivienda 2005-2008. En la categoría A, este aumento puede ser del 60% para VPO nuevas y del 90% para vivienda en segunda compra; en la categoría B, del 30 y 40% y en la C, que es la andaluza y la de Cádiz, la subida se encuentra entre el 15 y el 20%.

Con el precio máximo nacional que señala la Ley, de 695,19 euros por metro cuadrado útil, en el momento en que la Junta apruebe la subida, en teoría los precios quedarían fijados en 799,47 euros para la protegida nueva y en 834,27 euros para la adquirida en segunda o posterior adquisición.

Sin embargo, en la actualidad la Junta tiene un baremo con diferentes niveles y según la antigüedad de la casa añade diferentes coeficientes, por lo que la media actual, según la Asociación de Propietarios, es de 1.199 euros por metro cuadrado. El porcentaje que se sube puede ser siempre algo menor al que fija el Gobierno, pero nunca superior, según marca el Decreto.

Para el Ministerio de Vivienda, el precio medio de la vivienda protegida en el primer trimestre de 2006 en la provincia de Cádiz fue de 862,7 euros el metro cuadrado. Esto supone un aumento de un 3,2% en el primer trimestre de 2006, con respecto al mismo periodo de 2005, aunque el coste sin embargo descendió un 0,5% respecto al trimestre anterior. Ninguna provincia andaluza mantuvo unos precios inferiores a los máximos fijados por el Ministerio de la Vivienda. «Es una medida que tiene precedentes», afirmó la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Cádiz.

Fuentes del Ministerio de Vivienda reconocieron que la medida encarece el precio final de las VPO, pero a cambio favorece la implicación de los promotores privados y que aumente la oferta. «La diferencia entre el precio de la vivienda libre y la de la protegida hace que los promotores no se planteen la segunda, por lo que es necesario tomar estas medidas correctoras», aseguran desde el Ministerio.

La subida de precio sin embargo parece compensada por ahora por la propia Ley de VPO de la Junta, que ha ralentizado la venta y conseguido frenar el crecimiento de los costes. Comprar una vivienda por 180.000 euros y encontrarse con que su precio actual es menos de la mitad. Ese es el problema con el que se están encontrando numerosos propietarios de VPO de la provincia, un fenómeno que se repite en toda Andalucía como consecuencia, afirman estas personas, de la nueva Ley de VPO. Una ley que ha puesto en pide de guerra a los propietarios, agrupados en una asociación de corta vida pero muy activa.

David Molina es, junto con Roque Navarro, el coordinador de la plataforma en Guadalcacín, donde 500 de las 1.500 casas del pueblo son de protección oficial. Molina asegura que en su pueblo «hay de todo, desde el que no tiene pensamiento de vender como el que se ha encontrado con que su casa tiene siete años y no la puede poner en el mercado».

Según el coordinador, Guadalcacín cuenta con 100 viviendas de 1984 (que no tendrían problemas en ser vendidas al tener más de 15 años), 220 de 1997, 110 de 1998 y 48 de 2004. 330 de ellas pertenecen a una urbanización que se construyó en dos fases. Excepto las de 1984, las demás no podrían ser vendidas según la Ley, aunque la Junta aseguró que se estudiaría cada caso por separado.

En el caso de David, cuenta con una casa unifamiliar de 70 metros cuadrados de promoción privada en régimen especial, con tres habitaciones, un salón, una cocina y un aseo. «Yo recibí una subvención de 7.800 euros que no me dejan devolver ni con intereses», se queja.