La Policía Nacional ha desarticulado una red de clínicas clandestinas, ubicadas en domicilios particulares y regentadas por falsos médicos, que atendían a centenares de miembros de la comunidad china de Madrid, según informó un portavoz del Ministerio del Interior.

Los agentes, tras cinco meses de vigilancias y pesquisas, clausuraron con autorización judicial cuatro de los establecimientos, arrestaron a seis falsos médicos y mantienen abierta la operación ante la sospecha de que en la comunidad autónoma existen más consultorios clandestinos e impostores.

Los falsos médicos son chinos con permiso de residencia en vigor, sin título alguno que les permita ejercer la medicina y que lograron su documentación para poder trabajar en España con oficios como planchador de mano u operador de máquina.

Los impostores, que han sido acusados de un delito de intrusismo profesional, tenían como clientes habituales a inmigrantes chinos en situación irregular en España, que se encuentran en una precaria situación económica.

Uno de ellos, como único documento oficial, presentó a las autoridades españolas una declaración jurada ante notario y traducida de cómo había aprendido medicina desde niño con su padre. Otros mostraban en las paredes del despacho grandes diplomas de médico naturista.

Las clínicas carecían de cualquier autorización de la Consejería de Sanidad o del Colegio de Médicos para realizar actividades sanitarias, pese a lo cual prestaban especialidades de medicina de familia, pediatría, ginecología, otorrinolaringología, enfermedades de transmisión sexual, colocaban DIU, realizaban abortos y recetaban medicamentos importados de su país.

Vida hermética

Los expertos consideran que se trata de un episodio más dentro del sistema de vida de una comunidad de inmigrantes hermética y autosuficiente, que se organiza para solucionar de una forma tercermundista las necesidades de vivienda, trabajo o documentación de sus nuevos miembros.

Las investigaciones de la Brigada de Extranjería confirmaron que los pacientes de estos centros no sólo eran víctimas de un fraude sanitario sino que corrían «un riesgo real» de contraer enfermedades infecciosas como el sida o la hepatitis, debido a la total falta de asepsia de las instalaciones y a unas condiciones higiénico-sanitarias «deplorables».

Los policías pudieron observar cómo en las clínicas, una de ellas instalada en una pensión de la calle Delicias, los residuos sanitarios -agujas, sangre, apósitos o restos orgánicos- no tenían un tratamiento específico sino que se arrojaban a un cubo como cualquier otra basura inocua.

El negocio clandestino, según la investigación, era «lucrativo», ya que le permitió a los detenidos adquirir en propiedad las viviendas donde tenían ubicadas las consultas y en uno de los pisos se requisaron 28.000 euros en metálico.