«¿Cómo puede Juan Carlos Rodríguez, concejal de Urbanismo, exigir la legalidad a los ciudadanos cuando él es el primero en incumplirla?» De esta manera argumenaba ayer el edil de Izquierda Unida, Ignacio García, la petición de cese que formuló en la sesión plenaria del día de ayer.

Las explicaciones sucedieron a la propuesta de IU para que se repruebe a Juan Carlos Rodríguez por haber ejecutado obras en su vivienda sin licencia y, asimismo, solicitó el cese inmediato en sus funciones en el Ayuntamiento como teniente de alcalde y concejal de Urbanismo.

En el Partido Popular, su portavoz, Aurelio Sánchez, también arremetió con fuerza y se sumó a los deseos del partido compañero de oposición: «Rodríguez ha cometido una grave falta y en política los errores se pagan». Sánchez expuso que «si por reconocer el fallo, queda eximido de culpa y su residencia legitimada, las 8.000 viviendas ilegales que existen en el municipio tienen el mismo derecho para que se legalicen».

El edil socialista, García de Quirós, se desmarcó en parte de la línea predominante: «Reprobamos la actuación del concejal de Urbanismo pero no estamos de acuerdo en pedir su cese». Finalmente, Hernán Díaz, el único miembro de Independientes Portuenses que hizo declaraciones sobre este controvertido punto, zanjó el asunto: «El edil ya ha sido reprobado y no se le cesa porque tiene un trabajo que terminar, sacar adelante el Plan General, y en otro momento ya tomaré una decisión». La petición de IU y populares no salió adelante por el voto en contra de IP y PSOE.

En otro orden de cosas, pero sin salirse del área de Urbanismo. Pepa Conde, edil de IU, pidió un diagnóstico serio sobre el edificio de la calle Cruces, 32 para dictaminar la responsabilidad de la promotora en el desplome de una de las paredes. Y es que según IU, «el proceso estaba colmado de irregularidades que le ha costado un expediente al Ayuntamiento y la posibilidad de una sanción». De este modo, Ignacio García, señaló que «si la casa se estaba cayendo, no hacía falta hacer un informe para evaluar el estado del inmueble; simplemente había que intervenir». Por su parte, Hernán Díaz, comunicó que «ese tipo de actuaciones sólo sirven para hacer obras con dinero público y el único beneficiado es el dueño del edificio». A diferencia de la petición de cese de Juan Carlos Rodríguez, en esta ocasión si hubo unanimidad de los grupos a favor.

En el Pleno también se dirimió la posibilidad de anular el incremento de los precios de las viviendas de protección oficial ded la Avenida de Menesteo. Pepa Conde informó de que «la subida ha llegado en algunos casos a los 18.000 euros, un alza que ignora la realidad social y que no es el tipo de actuaciones de una empresa pública». Tras un duro debate, los diferentes grupos ratificaron el punto.