Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) presentó ayer un escrito ante el Ayuntamiento para tratar in extremis de detener la adjudicación del contrato de limpieza a la UTE Sufi-Cointer. Pero la adjudicación, tal y como se preveía, salió adelante en el Pleno de ayer con la mayoría absoluta del equipo de Gobierno y los votos en contra de PSOE e IU.

Sin embargo, tras el Pleno la titular del Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo decidió emplazar al Ayuntamiento y a Urbaser -la empresa que ha llevado a los tribunales la adjudicación del concurso- para que presenten la documentación pertinente en el plazo de cinco días.

El auto

Mientras Urbaser mostraba su satisfacción por la medida tomada por la jueza Inmaculada González Domínguez, el concejal delegado de Hacienda, José Blas Fernández, precisaba que «el auto señala que no procede la suspensión, entre otros motivos porque no se ha aportado el orden del día del Pleno para avalar los temores de los licitantes, sino una información periodística». Asimismo, añade que «no se aprecia ni urgencia ni prejuicio, porque éste no se especifica». No obstante, indica que «si el juez lo estima y hay que ir al Contencioso, iremos».

Urbaser, por su parte, confía en que los tribunales analicen la documentación y les den la razón, ya que consideran lesionados sus derechos como empresa.

El debate, sin embargo, estuvo más encendido por parte del Partido Popular, sobre todo cuando tomó la palabra Ignacio Romaní, que por la parte socialista.

Mientras el PSOE, en boca de Francisco Piniella -que ayer actuó prácticamente de portavoz- pedía que se aclararan las conexiones políticas con la empresa adjudicataria, Romaní hizo suyo aquello de no hay mejor defensa que un buen ataque y comparó la situación de Cádiz, con la de Chiclana, «donde gobierna el hermano de Rafael Román y donde la adjudicación del pliego de limpieza se celebró a puerta cerrada». Adjudicados los papeles, Romaní asumió el mando de la contraofensiva y reprochó al PSOE estar defendiendo los intereses de Fomento de Construcciones y Contratas. «Yo podría insinuar que como FCC se lleva todos los concursos del PSOE, hay alguna presunta vinculación con esta empresa; Yo creo que no», puntualizó Romaní, quien pasó a dar ejemplos de otros concursos en los que el PSOE ha adjudicado contratos a empresas del grupo Azvi, al que pertenece Cointer.

Respecto a las acusaciones de conexiones políticas entre la adjudicataria y el Partido Popular, Ignacio Romaní manifestó que «ustedes sabían que no era cierto» y acusó a FCC de «hacerle llegar esa documentación». El edil encargado de Fomento expuso que Azvi y Vimac (la empresa donde figura Miguel Contreras, tesorero del PP regional) se separaron en 2001.

Fue a partir de la intervención de Romaní cuando comenzó a sentirse la tensión que se preveía en este debate. Antes había intervenido el primer teniente de alcalde, Enrique García-Agulló, quien enumeró las virtudes de la nueva concesionaria que en opinión de los técnicos y del equipo de Gobierno le han hecho merecedor de la mejor puntuación. «Con el PSOE teníamos las bolsas de basura en las calles», subrayó García-Agulló. El número dos del equipo de Gobierno quiso dejar claro que su equipo no tiene «ninguna duda» y que el «proceso administrativo ha sido transparente y concienzudo».

En su turno de respuesta, el concejal Piniella manifestó que «esto es el mundo al revés, porque ahora el gobierno fiscaliza a la oposición» y agregó, en referencia a Romaní, que «usted tendrá que dar cuenta en algún otro foro de lo que ha dicho en este acta de sesiones». Piniella se preguntó si la propuesta de Sufi-Cointer «es tan buena, ¿por qué no ha habido consenso con los grupos de la oposición?, ¿por qué está camino de los juzgados?». «Cádiz -concluyó- está más sucio y los gaditanos vamos a pagar más y más».

Basura en la calle

Mientras que por el PSOE, en este punto sólo tomó la palabra Piniella, por parte del PP lo hicieron tres concejales y la propia alcaldesa, Teófila Martínez.

La primera edil reiteró sus reticencias sobre cómo ha llevado a cabo la limpieza de la ciudad la actual adjudicataria, la UTE formada por FCC y Urbaser, «pero era lo que había y no pudimos elegir», al mismo tiempo que recalcó que «si la ciudad está sucia no será por los políticos, sino por la empresa». La alcaldesa reprochó a los socialistas no repetir en el Pleno las acusaciones que hicieron en rueda de prensa y lo achacó a la ausencia del secretario provincial, Federico Pérez Peralta. «Nosotros lo vamos a apoyar, porque de lo contrario -recalcó- sería sospechoso».

Por su parte, el concejal de IU, Sebastián Terrada, que se estrenó ayer en el Pleno, reiteró que este asunto está dando una mala imagen del Consistorio y pidió también la suspensión de la adjudicación.