La lengua catalana pasa a un segundo plano en la Comisión Constitucional que analiza las reformas de los estatutos de autonomía de España. El andaluz toma el relevo. Manuel Marín, presidente del Congreso de los Diputados, pudo dejar de practicar su catalán para dar la bienvenida en castellano al tercer presidente de un Parlamento autonómico que le visita en los últimos doce meses para entregarle la propuesta de modificación de sus norma básica. En en el caso de ayer, fue presidenta: María del Mar Moreno, en representación de la Cámara andaluza.

La Ley para la Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía llega de forma oficial a las Cortes, tras ser aprobada el pasado martes por el Parlamento andaluz con los votos favorables del PSOE e IU y el rechazo de PP y PA. El panorama no ha variado mucho en estos días -más bien al contrario- en lo que se refiere al anunciado intento de las cuatro formaciones del arco parlamentario por conseguir un consenso queles evite llegar divididas al referéndum que se celebrará en febrero del año próximo -previsiblemente el domingo 25-.

Toma en consideración

La aspiración del PP, e incluso del PA, de participar en el debate de toma de consideración de la propuesta de ley andaluza ha crispado de manera notable los ánimos. PSOE e IU han calificado de indecente y de disparate que los populares quieran hablar en el turno de la representación andaluza que, por encima de todo, va a defender el articulado aprobado por el Parlamento. Las dos formaciones de izquierda entienden que sería inaceptable que el PP -o el PA- que han votado en contra de esta reforma, suba al atril de las Cortes a criticar una decisión soberana del Parlamento andaluz.

La crispación generada por ello ha nublado el deseo manifestado por todos los partidos de intentar por última vez el consenso. Mas bien el Estatuto llega al Congreso con pocas expectativas de sumar más apoyos que los cosechados en el Parlamento andaluz, socialistas e Izquierda Unida.

Terquedad

El Gobierno central entiende que la falta de consenso no se le puede achacar al PSOE, sino que su único responsable es el PP-A. Así lo afirmó ayer María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta del Ejecutivo, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Los cronistas parlamentarios destacan que De la Vega ha roto su propia costumbre de no utilizar estas comparecencias para arremeter contra ninguna formación política.

La número dos del gabinete de Rodríguez Zapatero explicó que mientras el PSOE ha negociado hasta la extenuación, ofreciendo diversas fórmulas que intentaban acercar posturas, el PP ha hecho gala de una terquedad tal que ha provocado la conocida división de la Cámara andaluza en la votación del pasado martes. La vicepresidenta, pese al rapapolvo a los populares, confío en que se alcance en Madrid lo que no pudo rubricarse en Sevilla: Un estatuto con el apoyo de todas las fuerzas con presentación en el Parlamento andaluz.

El sonido de los sables de la batalla política no impide que se oigan algunas voces que afirman que el pacto a cuatro es aún posible. Este es el caso de María del Mar Moreno que ayer transmitió a los periodistas del Congreso su confianza en que el entendimiento se forje durante la tramitación del articulado andaluz en Las Cortes. «La propuesta de reforma llega abierta al consenso en Las Cortes, donde se abre un espacio abierto para el diálogo», acotó Moreno.

Moreno también llevó a las Cortes el mensaje que han repetido más en los últimos días las dos formaciones que aprobaron el nuevo articulado: «La posibilidad de consensos no resta legitimidad ni eficacia jurídica a la propuesta de reforma estatutaria andaluza».

Mar Moreno subrayó, asimismo, la plena confianza y respeto en el trabajo que realice a partir de ahora Las Cortes Generales y se mostró convencida de que la suma de las inteligencias y de las voluntades del Parlamento de Andalucía, Congreso y de todos los andaluces y andaluzas en el referéndum son un aval para alcanzar un nuevo Estatuto que sirva para concretar los nuevos objetivos colectivos de la sociedad andaluza.

28 de febrero

Moreno no se libró de lidiar con la pregunta de por qué quiere ser Andalucía una realidad nacional. La presidenta de la Cámara andaluza, sin realizar ningún tipo de valoración política -como exige su cargo- recordó que el estatus de Andalucía dentro de la España autonómica no se discute ahora, ya que los andaluces ganaron en las urnas -el 28 de febrero de 1980- su derecho a ser considerados un territorio con el mismo calado que Cataluña, el País Vasco y Galicia.

En cuanto a la polémica de la semana, la posibilidad de que el PP intervenga en el primer debate de esta ley en Madrid, Moreno se limitó a explicar que los partidos tienen de plazo hasta la semana que viene para presentar sus propuestas para esa importante sesión y que, finalmente, el Parlamento andaluz decidirá el número y el nombre de esta comitiva en el pleno ordinario que se celebrará el día 17.

El reglamento del Parlamento dice claramente que se trata de una defensa de la reforma estatutaria, aunque una resolución de la presidencia del Congreso califica las intervenciones como presentación, lo que deja la puerta abierta al PP para explicar los motivos de su rechazo. Esta decisión también ha extrañado en la Carrera de San Jerónimo, ya que en los casos catalán y valenciano, sólo hablaron los representantes de los partidos que apoyaron sendas reformas.

Número de ponentes

Tras la sesión del día 23, el Estatuto andaluz descansará hasta septiembre, mes en el que se inician los trabajos de la Comisión Constitucional. La compondrán 39 diputados y 39 parlamentarios, aunque la ponencia que dirigirá los trabajos sólo contará con 22 miembros, once de cada una de las instituciones.

El PSOE ya ha comentado que aplicará la proporcionalidad pura y dura para elaborar la ponencia, lo que le otorga un mayor número de componentes que al resto de fuerzas, dada la mayoría absoluta que obtuvo en 2004.