El vicepresidente segundo, Pedro Solbes, subrayó ayer que la decisión del Gobierno boliviano de nacionalizar los yacimientos de hidrocarburos implica un incumplimiento de los acuerdos internacionales sobre inversión y consideró que España debe defender los derechos de sus inversores en ese país y abogó por recurrir a vías jurídicas si fracasa la negociación. Solbes señaló que la medida «no es ninguna sorpresa», pues ya se había avanzado, y recordó que la ha adoptado un gobierno elegido democráticamente.

«Siempre hay que usar todos los elementos de negociación hasta que ésta se acabe», afirmó, aunque precisó que «hay que mantener los márgenes jurídicos de actuación» en caso de que no se logre ningún resultado con la negociación.

Impacto

Por otra parte, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, aseguró ayer que Bolivia debería haber evaluado antes el impacto de la nacionalización de los hidrocarburos en Iberoamérica. Lula asistió junto a los presidentes de Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela en Puerto Iguazú (Argentina) a la cumbre para estudiar las consecuencias de la medida. Si bien, las naciones vecinas aceptan que se trata de una decisión soberana de Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, la medida causó sorpresa, preocupación y malestar en la región, particularmente en Brasil, con fuertes inversiones en Bolivia y muy dependiente de su gas.