La nacionalización de hidrocarburos anunciada y ejecutada por el Gobierno boliviano ha sido adornada con un discurso populista que promete a los ciudadanos «acabar con el expolio» por parte de las empresas multinacionales y conseguir que a partir de ahora los beneficios de la explotación redunden en Bolivia en vez de acabar en empresas extranjeras cuyas motivaciones y decisiones se relacionan siempre con intereses ajenos a los dueños legítimos de los recursos, es decir, los indígenas, el pueblo boliviano.

El cliché que asocia las inversiones multinacionales a efectos perniciosos para la economía de un país se apoya en apriorismos que en la mayor parte de los casos no se ajustan a la realidad. Ni las empresas multinacionales tienden a perjudicar a los países cuyos recursos explotan, ni puede decirse con rigor que mantengan a los Gobiernos locales como rehenes de sus intereses. Más bien está demostrado que las empresas multinacionales son un vehículo para aportar capital, empleo y nuevas tecnologías a los países a los que acuden. Las empresas estatales tienen menos incentivo a la innovación, usan más trabajo del necesario y son proclives a la corrupción. El país andino ha entrado en el peligroso camino de la estatización de sus principales recursos económicos. La decisión no tiene fácil vuelta atrás a corto plazo pero las presiones internacionales deberían amortiguar los efectos negativos. El Gobierno ha reaccionado con firmeza al citar al encargado de negocios de la embajada boliviana. A partir de ahora se va a escenificar un pulso entre las compañías y la administración de Morales para renegociar los contratos. La presión del Gobierno de Zapatero y la advertencia de que si los intereses de las empresas nacionales son perjudicados, habrá serias consecuencias en las relaciones bilaterales serán un elemento importante en el desenlace.