El Gobierno español expresó ayer su «más profunda preocupación» por la información procedente de Bolivia sobre el «decreto supremo»,firmado por el presidente Evo Morales, que nacionaliza y da al Estado el «control absoluto» de todos los hidrocarburos. Según el comunicado de la Dirección General de Comunicación Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, el Ejecutivo español espera que el plazo de 180 días anunciado por el presidente de Bolivia a las empresas extranjeras para regularizar sus actuales contratos «abra un proceso de auténtica negociación y diálogo entre gobierno y empresas», en el que se respeten los intereses de uno y otros y se evite el envío de una señal negativa hacia la comunidad inversora internacional que sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos.

Por su parte, el secretario ejecutivo de Economía y Empleo del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, ha exigido a Rodríguez Zapatero que se involucre personalmente en la defensa de los intereses de las empresas españolas en el exterior.