El Congreso acordó ayer rendir homenaje a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil mediante la declaración por ley de 2006 como 'año de la memoria histórica'. La propuesta, que busca conmemorar el 75 aniversario de la II República, contó con el respaldo de todas las fuerzas parlamentarias salvo el Partido Popular y Esquerra Republicana de Catalunya. Los 'populares' argumentaron que este tipo de iniciativas reabren viejas heridas y son «contrarias al pacto constitucional». Los independentistas optaron por la abstención al considerar que la futura ley se queda en una «mera declaración de intenciones».

El texto, que insta al Gobierno a presentar en el plazo de un mes el anunciado informe sobre la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, debe debatirse ahora en el Senado, pero obliga a los poderes públicos a «promover y apoyar» la celebración de actos conmemorativos que «estimulen la reflexión» sobre los acontecimientos de 1936 y el «reconocimiento» de aquellas personas que entonces defendieron el orden constitucional vigente. El Gobierno, entre otras cosas, impulsará así la emisión de sellos postales que hagan referencia a aquel período de la historia de España.

La discusión de este jueves sirvió para tomar la temperatura a los grupos parlamentarios de cara a la elaboración de la futura Ley de la Memoria Histórica. Fuentes socialistas aseguran que el Gobierno remitirá al Congreso el informe con el que deberán trabajar los grupos parlamentarios el próximo mes de mayo. Y dado el ambiente político, admiten que el acuerdo resultará difícil no sólo por la posición del PP sino también por la de aquellos grupos que, como ERC, han adoptado una posición «revanchista».

El representante 'popular' en el debate, el diputado malagueño Manuel Atencia, argumentó ayer que con propuestas de este calado los partidos de izquierdas tratan de «imponer una verdad oficial» y de «revisar la transición democrática».