El protocolo firmado ayer por el Ayuntamiento de Jerez y la Junta de Andalucía significará, para miles de jerezanos, el principio del fin de una larga odisea. Gracias al acuerdo histórico rubricado entre ambas administraciones, más de 7.000 viviendas ubicadas en vías pecuarias dejarán de estar en «situación de alegalidad», aunque para ello sea necesario culminar un largo proceso técnico y burocrático que comenzará con el deslinde de las vías y terminará con la legalización de las construcciones.

El convenio regula el compromiso de Ayuntamiento y Junta de activar todos los mecanismos legales, jurídicos y administrativos necesarios para desafectar estos terrenos de titularidad pública, el primer paso hacia la normalización de los muchos núcleos urbanos de carácter histórico que se asientan en el Jerez Rural.

La alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, insistió en que se trataba de una actuación «de justicia», que había constituido, además, «un compromiso prioritario» reseñado incluso en su sesión de investidura como regidora.

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, resaltó por su parte que «en Jerez volveremos a demostrar que los ciudadanos son la prioridad, y tenemos además la ventaja de que trámites similares ya han sido llevados a cabo con éxito en otros puntos de Andalucía, con lo que contamos con un modelo perfeccionado que agilizará mucho el proceso, en beneficio de las viviendas afectadas». Tanto la alcaldesa como la consejera subrayaron que el principal valor del acuerdo suscrito es que solucionará los graves problemas «que padecen las miles de familias jerezanas que no disponen de titularidad legal de sus viviendas, a pesar de habitarlas desde hace décadas».

En este sentido, Pilar Sánchez destacó que el proceso será «riguroso», y que no implica que no se vaya a actuar «escrupulosamente» para penalizar aquellas ocupaciones del dominio público que «ahora o en el futuro obedezcan a intereses espúreos». La primera edil quiso resaltar que se busca regularizar aquellos asentamientos históricos de «jornaleros que comenzaron a habitar las vías», y que después de décadas se han constituido como núcleos urbanos que, sin embargo, carecen de infraestructuras o servicios de primer nivel por su situación de ilegalidad.

En ese sentido, explicó que «es obligación de los poderes públicos encontrar fórmulas que presten cobertura legal a situaciones que no responden a mala fe o a la infracción consciente, sino a procesos históricos conocidos y consolidados».

Para asegurarse de que todo el proceso se realiza con las máximas garantías técnicas y legales, Ayuntamiento y Junta, a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, establecerán una oficina que gestionará «caso por caso» la situación de las vías y «ayudarán a los vecinos en todo lo posible».

Actualmente en el término municipal de Jerez hay determinadas 61 veredas y cañadas, de las cuales 35 ya están deslindadas o se encuentran en el tramo final del proceso. En total, de los 560 kilómetros que ocupan estas vías, 315 ya tienen perfectamente redefinidos sus límites.

La noticia ha sido acogida con entusiasmo por los vecinos de todos aquellos núcleos rurales que sufrían la situación de alegalidad de sus viviendas y padecían sus consecuencias endémicas, como pueden ser La Guareña, Lomopardo, Gibalbín o Albadalelos, muchos de los cuales asistieron al acto en el Alcázar.