La El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el ministro de Industria, José Montilla, defendieron ayer en el Congreso la legalidad de la autorización del Consejo de Ministros que permitió a Gas Natural, bajo 20 condiciones menores, lanzar su OPA sobre Endesa. Una decisión del Ejecutivo que el pasado viernes fue suspendida por el Tribunal Supremo.

Zapatero afirmó que el fallo «no enjuicia la legalidad» de su actuación y añadió que el Gobierno «no cuestiona la decisión del Supremo y respeta el trabajo de los jueces». Dijo que el papel del Ejecutivo en la OPA ha sido el de garantizar los derechos de los consumidores y la legalidad «y no el interés de los directivos de las empresas». Y recordó que aún no se conoce el contenido del auto del Supremo, por lo que calificó de «prematuras» varias preguntas formuladas por el PP sobre la decisión de la Sala.

Montilla aseguró que «si algo caracteriza la política del Gobierno es la transparencia y la defensa del interés general». Durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja, los tres máximos dirigentes del PP, Mariano Rajoy, Ángel Acebes y Eduardo Zaplana, cargaron contra Montilla y pidieron su dimisión.

Actuación «grotesca»

Los populares acusaron al ministro de haber «fallado» al mercado, a los accionistas de las tres empresas implicadas así como de haber enfrentado de forma gratuita a España con Alemania. Rajoy acusó al Gobierno de «hacer el ridículo» en Europa y actuar de forma «grotesca» en la OPA.

El vicepresidente económico fue el encargado de valorar la decisión de la Comisión Europea de aprobar sin condiciones la OPA de E.ON. Pedro Solbes recordó que el análisis de la seguridad del abastecimiento energético «supera a Bruselas» y compete a las autoridades españolas, en concreto a la Comisión Nacional de la Energía (CNE)

Ya en términos técnicos, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Manuel Conthe, expresó ayer serias dudas sobre la posibilidad de que Gas Natural pueda retirar su oferta al amparo de la paralización del proceso por los tribunales. Conthe apuntó que esta interrupción no es definitiva, lo que complica que la gasista se acoja a una excepción que permite la ley para abandonar la operación cuando se den «circunstancias excepcionales ajenas a la voluntad del oferente» por las que la oferta no pueda realizarse, y siempre que se obtenga previa conformidad de la CNMV.