El PP ha afirmado, tras conocer que la Fiscalía no ha solicitado la prisión incondicional para Arnaldo Otegi, que el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha convertido en un "problema para el trabajo de forjar confianza y, eventualmente, trabajo conjunto" entre el Gobierno y PP para lograr el final del terrorismo y en una "rémora" para el "proceso" que se abre tras el alto el fuego de ETA.

Así se ha expresado el secretario ejecutivo de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, que ha afirmado que Conde-Pumpido "ha defraudado, una vez más y en el momento más inoportuno imaginado, la eventual confianza que pudiese tener" tras su comparecencia esta mañana en el Congreso, y ha agregado que "no imaginamos un peor comienzo para el proceso que nace de la conversación" ayer entre José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy.

La Fiscalía seguirá el criterio derivado de la Ley de Partidos

Antes, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, había asegurado hoy en la Comisión de Justicia del Congreso que se aplicará la ley "con todo rigor" respecto a ETA, "en este momento y en todos los momentos que vendrán en lo sucesivo", durante su comparecencia en el Congreso, en la que ha pedido para la Fiscalía el apoyo y colaboración de los partidos, en alusión directa al PP.

El fiscal general había asegurado que "no existe otra línea de actuación para el Ministerio Público que el Estado de Derecho, la Constitución y la Ley" y ha mantenido que dichas instituciones se regirán en todo momento "en contra de ETA de una manera muy especial en la aplicación con todo rigor" de la Carta Magna y la legalidad. Al respecto ha indicado que "no está previsto ningún cambio de criterio" de la Fiscalía para aplicar la ley respecto a la actividad de partidos ilegalizados, aunque confía en que pueda haber "una realidad nueva y distinta a la que aplicar la ley".

Respecto a la ilegalización de partidos, Conde-Pumpido ha señalado que su criterio "no era otro que el derivado de la ley" y que "ése era, es y va a seguir siendo" la postura de la Fiscalía, aunque se ha permitido recordar que esa misma ley impide "que puedan ser objeto de exclusión, ni individual ni colectivamente, quienes sí aceptan esas reglas del juego, vengan de donde vengan, se organicen como se organicen y nos gusten o no nos gusten sus ideas y sus proyectos". Conde-Pumpido ha reclamado además a los grupos políticos "la confianza, el apoyo y la colaboración".

Durante sus intervenciones, las portavoces de los grupos vascos han hecho referencia a la comparecencia de Otegi ante el juez esta tarde. Así, Margarita Uría, del PNV, ha pedido a Conde-Pumpido que el fiscal no solicite prisión para Otegi ya que, asegura, se trata de dilucidar una medida cautelar, mientras que la diputada de EA Begoña Lasagabaster opina que no se dan todos los supuestos previstos por la ley para decidir su ingreso en prisión. Jordi Jané, de CiU, ha reclamado prudencia ante el 'proceso' abierto y ha aconsejado que "vale la pena aprovecharlo, y no lo estropeemos". El portavoz socialista, Julio Villarrubia, ha indicado que no iba "a caer en la tentación de contestar" a Astarloa, pues "la prudencia debe presidir cualquier expresión en un tema tan delicado como éste", y se ha limitado a defender la labor del fiscal general tanto en su política de nombramientos, muy criticada por el PP, como en la aplicación de la Ley de Partidos y confió en que la esperanza actual se convierta en una realidad para toda la sociedad.

El CGPJ dice que los jueces no pueden interpretar contra la ley

Por otro lado, el portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, ha asegurado hoy, en referencia a quienes piden un cambio de planteamiento en la aplicación de algunas leyes tras la declaración de alto el fuego de ETA, que no se puede exigir "a los jueces que hagan interpretaciones contrarias al espíritu de la ley".

"Si lo que se pretende es conseguir consecuencias diferentes a aquellas que la ley tiene establecidas, lo que hay que hacer es cambiar la ley", subrayó López, quien apuntó que ante el anuncio del cese del terrorismo por parte de la banda independentista los representantes de las instituciones públicas, incluido él mismo, deben imponerse "prudencia, hablar menos y trabajar más".

En este sentido, reiteró su petición de "no intromisión en los temas judiciales y respeto al trabajo de los jueces" ante la comparecencia esta tarde en la Audiencia Nacional de portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi. "Lo que hay que pedirle a los representantes de partidos políticos y de gobiernos autónomos, concretamente en este caso el vasco, es prudencia y que dejen trabajar a los jueces con tranquilidad", recalcó López, para quien "la ley es la misma que la de hace un año y tiene que aplicarse con criterios similares", porque "el Estado de Derecho no está en tregua".

En relación a la operación ordenada por un juez y la Fiscalía Anticorrupción que ha supuesto la detención hoy de la alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, y otras diecinueve personas, volvió a incidir en que "los poderes tienen que actuar con absoluta autonomía" y apuntó además que lo sucedido "es un fruto y una expresión del Estado de Derecho".