El sumario judicial por la trama de las pensiones falsas ha cambiado de manos. Los expedientes de la denominada operación Karlos pasaron ayer oficialmente del Juzgado Número 2 de Jerez al de Instrucción Número 1 de Cádiz. La justicia ha optado por repartir las dos operaciones de fraude desmanteladas en la provincia hace dos semanas y ligadas. Cabe recordar que junto a la trama de las pensiones existe otra sobre facturas falsas, descubierta por la Agencia Tributaria y denominada por la investigación como operación Halcón. Esta segunda seguirá en el juzgado jerezano.

En cuanto a la trama que se dedicaba a arreglar pensiones de invalidez a cambio de dinero este periódico ha podido saber que la próxima semana se practicarán al menos 18 detenciones: quince pueden ser beneficiarios y el resto médicos que firmaban expedientes sin reunir los requisitos mínimos. La Operación Karlos salía a la luz el pasado viernes 7 de abril cuando la Guardia Civil detenía al ex jefe de la Policía Local de Ubrique, Carlos Carretero, y lo vinculaba también a un fraude de 40 millones de euros en IVA e Impuesto de Sociedades que investigaba la Agencia Tributaria. El escándalo no había hecho más que empezar. Al día siguiente, se detenía al inspector de la Unidad Médica de Valoración e Incapacidades (UVMI) del Servicio Andaluz de Salud, Francisco Casto, a tres médicos, a la secretaria del responsable de Urbanismo de Jerez, a un empresario, a una funcionaria del SAS y a tres particulares, entre los que se encontraba la mujer del torero Jesulín de Ubrique, María José Campanario.

Prisión

Hoy siguen en prisión Carretero, una empleada suya, el inspector Casto y un empresario vinculado a la trama de las facturas falsas. Pero las operaciones que se siguen en Cádiz mantienen su actualidad a nivel nacional por la imputación de María José Campanario, que presuntamente pagó unos 18.000 euros para mejorar la pensión de invalidez de su madre. El juez le pidió 12.000 de fianza para eludir la prisión y fue de las más altas que se exigieron.

Sin embargo, las filtraciones del secreto de sumario siguen avivando la polémica que rodea a la esposa del torero. Todo parece indicar que la Guardia Civil cuenta con documentación suficiente que evidencia como Campanario pudo, presuntamente, intentar suplantar la personalidad de su madre y buscar a otra persona con minusvalía para que finalmente se aprobara el expediente en favor su familia.

Fuentes de la investigación podrían haber mostrado a la esposa del torero esta documentación cuando declaró ante el juez.

Por otra parte se siguen revisando los expedientes de invalidez que firmó el inspector Casto para descubrir los falsos.