Pese a que la coincidencia teórica de socialistas y populares con respecto al proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía, que el jueves pasado concluyó su trámite en ponencia en la Comisión de Desarrollo Estatutario del Parlamento autonómico, alcanza a más del 90%, no ha sido posible de momento alcanzar el deseable consenso, y por ahora el texto cuenta sólo con el apoyo del PSOE e IU. El Partido Andalucista y el Partido Popular votaron en contra por razones opuestas: aquél, porque el Estatuto no menciona en el preámbulo el término nación; éste, porque en el preámbulo se afirma que «la Constitución española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad» y porque se ha simplificado la definición de Andalucía que figura en el artículo 1 del Estatuto todavía vigente.

Aquella expresión y esta mudanza rompen el acuerdo de principio que habían alcanzado PP y PSOE en octubre pasado, durante el curso de los trabajos de la ponencia que comenzaron a principios de mayo, por más que la emulación del giro utilizado en el preámbulo del Estatuto catalán haya quedado a medio camino, sin utilizar la palabra nación, por lo que resulta en su versión andaluza una alquimia semántica bastante discutible. De cualquier modo las diferencias que se han plasmado en la Comisión de Reforma deberían tener inexcusablemente arreglo, porque, no resultaría aceptable que la propuesta de reforma estatutaria de esta comunidad autónoma marginase al 40% del electorado. El presidente Manuel Chaves ha propuesto al líder popular Javier Arenas una reunión antes del trámite de la reforma en el plenario del Parlamento andaluz, el 2 de mayo. No se entendería que está última gestión no fuese fructuosa, y a lograrlo deberían ponerse también a trabajar los dos líderes estatales. Lamentablemente, este aspecto incidental de la denominación de la Comunidad de Andalucía ha impedido un debate político y social más activo y profundo del resto de la propuesta de reforma, que está a medio camino entre la catalana y la valenciana, con más ingredientes de aquélla que de ésta. El nuevo texto, también farragoso y prolijo, tiene unos 250 artículos frente a los 75 del todavía vigente, introduce una declaración de derechos sociales, adopta la tipología de competencias exclusivas, compartidas y de ejecución que utiliza el Estatuto de Cataluña. También contempla la eventualidad de asumir competencias mediante el artículo 150.2 de la Constitución, refuerza la bilateralidad con el Estado, prevé una Agencia Tributaria andaluza y un «consorcio de participación paritaria» con el Estado, además de detallar quince tributos cedidos.