De las leyes con marcado carácter social aprobadas o en trámite de serlo durante esta legislatura, la llamada Ley de Dependencia de la que ayer el Consejo de Ministros envió el proyecto al Congreso, es la que más interesa al conjunto de la sociedad y no sólo a sus destinatarios directos, por sus efectos de alivio en la vida social y familiar. También es con la que más arriesga el Gobierno por la formidable dimensión económica que supone un sistema nacional de ayuda a todas las personas que tengan dificultad para valerse por si mismas, algo que el ministro Jesús Caldera, autor del proyecto de ley, define de forma un tanto retórica como una demostración del «patriotismo social». Hasta ahora, la elección por sucesivos gobiernos de otra escala de prioridades políticas y la magnitud del esfuerzo financiero han mantenido a España, en relación con los países europeos mas desarrollados, en un estadio muy precario respecto a las ayudas a personas dependientes por enfermedad, por edad o por ambas causas. Se estima que entre 1,1 y 1,3 millones de españoles se encuentran en esas circunstancias, sin perder de vista la carga que representa para los familiares dedicados a su cuidado. La casi totalidad son mayores de 65 años, pero sólo el 10,6% de quienes lo necesitan reciben alguna asistencia del sistema público. La ley que ahora llega a debate parlamentario es una iniciativa ambiciosa y valiente para instaurar lo que sus inspiradores denominan el cuarto pilar del Estado del Bienestar. Sin embargo ese objetivo necesita un gran componente de voluntad política, además de los medios presupuestarios. Como ha dictaminado hace tres semanas el Consejo de Estado, debe establecer claramente los compromisos y competencias de las diferentes administraciones, so pena de que con el tiempo la ley de Dependencia degenere en una declaración de buenas intenciones en vez de en el ejercicio efectivo de un derecho universal.

Se trata, en definitiva de que Gobierno y administraciones autonómicas acuerden con la formalidad y detalle que sean precisos su intervención en la gestión de esos servicios. El proyecto contempla que la Administración central aporte 12.638 millones de euros hasta 2015 y las CC AA otro tanto, pero lo primero es un compromiso y lo segundo una previsión. Además el ministro de Trabajo ha firmado un acuerdo con IU y ERC.