El Gobierno dio este viernes luz verde, para su posterior trámite parlamentario, al proyecto de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, la iniciativa que requerirá de un mayor esfuerzo presupuestario en la presente legislatura y que supondrá una irreversible «revolución social», en palabras del ministro Jesús Caldera, que permitirá asistir a las personas que no pueden valerse por sí mismas, en su mayoría ancianos, en las actividades diarias.

Del calibre y proyección futura de esta norma da cuenta el que, en 2015, cuando la implantación gradual de este sistema de asistencia se haya generalizado a todos los usuarios -se calcula que cerca de 1,4 millones para entonces la ayuda media por persona, procedente de la financiación pública-, superará los 375 euros mensuales. Según el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, este «nuevo derecho ciudadano, que no beneficiencia», evidenciará un profundo «cambio histórico», toda vez que las labores de ayuda y atención que hasta ahora eran privativas de las familias serán, por completo, «responsabilidad de los poderes públicos».

El nuevo sistema nacional de dependencia se convierte así, según el Gobierno, en el cuarto pilar del Estado del bienestar, tras los sistemas sanitario, educativo y de pensiones que fueron desarrollados en la década de los ochenta. Todas aquellas personas que por motivos de edad, enfermedad o discapacidad no puedan desempeñarse por sí mismas tendrán acceso a servicios sociales (ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia, ayudas técnicas, plazas residenciales...) o prestaciones económicas, estabecidas por este orden.

A partir de 2007

El nuevo sistema comenzará a aplicarse a partir de los inicios de 2007, con una inversión inicial de 400 millones de euros, pero una vez consolidado, en 2015, habrá requerido una inversión total por parte del Gobierno de casi 13.000 millones de euros.

Pero la financiación de este ambicioso sistema no dependerá exclusivamente de la Administración central y las CC AA aportarán similar cantidad, ya que les corresponderá cofinanciar la mitad de las inversiones públicas en esta materia. Los objetivos se centran en pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la actualidad a la dependencia a más del 1% en 2015. Los beneficiarios participarán en la financiación de esta cobertura en función de su renta y patrimonio «de forma equilibrada y justa», sin que ninguna persona puede dejar de recibir atención por falta de recursos. La aportación concreta de los beneficiarios será establecida una vez aprobada la ley, si bien Caldera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, estimó que esta tercera vía de financiación del sistema -junto al Gobierno central y las CC AA-, no superará de media el 30% de la inversión total. Este copago disfrutará de beneficios fiscales, subrayó el ministro, con un tratamiento similar al de los planes de pensiones. El ministro hizo especial hincapié en que el Gobierno «no consentirá fraudes» a la hora de beneficiarse del sistema. Actualmente, el Gobierno calcula que en torno a 1,1 millones de personas no pueden desarrollar su vida cotidiana con normalidad, pero en los próximos 15 años se elevará a 1,5 millones por el aumento de esperanza de vida, precisó la portavoz del Gobierno y vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. Hasta hora, las personas dependientes necesitaban una media de seis horas de ayuda diaria, en su mayoría prestadas por las familias y, en especial, por las mujeres. «Es un desafío social que en 2015 no haya una sola persona dependiente sola, por edad o minusvalía», dijo.

Implantación gradual

La implantación gradual del sistema de ayudas dará prioridad, como es obvio, a las personas más necesitadas o con un mayor grado de minusvalía. El grueso de los beneficiarios, en torno al 80%, serán ancianos y personas con más de 65 años -de los cuales viven solos alrededor de un 22%-, aunque también se extenderá a niños menores de tres años con discapacidad grave o a enfermos mentales. El proyecto legislativo también prevé la posibilidad de pagar un sueldo a los cuidadores que sean de la misma familia que el dependiente, que deberán darse de alta en la Seguridad Social.

Además, de los beneficios sociales, la creación en España del sistema nacional de dependencia supondrá una eficiente inversión por su impacto social, económico y laboral. Así, el ministro Caldera indicó que en 2015 se habrán generado alrededor de 300.000 empleos directos y «cientos de miles indirectos». Caldera expresó su confianza en que el proyecto gozará de un amplio respaldo parlamentario durante su trámite en las Cortes.