José Luis Rodríguez Zapatero quiere pedir el placet del Congreso para abrir el diálogo con ETA la última semana de mayo. El presidente del Gobierno se propone hacer la solicitud en coincidencia con el debate sobre el estado de la nación; renunciaría así a la idea de celebrar un pleno extraordinario monográfico en la cámara baja como era su primera intención. En su comparecencia, anunciará algunas de las medidas que adoptará para crear las condiciones que faciliten el final de la violencia.

Hoy sábado se cumple un mes desde la declaración de alto el fuego de ETA sin que José Luis Rodríguez Zapatero haya mostrado ninguna de las cartas que se guarda para impulsar el proceso de paz. Tiene previsto romper su silencio la última semana de mayo, en el debate sobre el estado de la nación, que quiere aprovechar para pedir el visto bueno del Congreso a la apertura del diálogo con ETA. Hasta entonces, se mantendrá fiel a la consigna de que aún no ha llegado el momento de hablar de iniciativas políticas porque primera hay que verificar la autenticidad del cese de actividades de la organización terrorista, constatado en dos informes del Ministerio del Interior. Antes de pedir el aval parlamentario, el presidente del Gobierno recibirá otros dos partes de las fuerzas de Seguridad para tener «la seguridad o una alta certeza» de que la inactividad es total.

El problema, y no menor en estos tiempos de consenso con el PP, es que el principal partido de la oposición no quiere unir ambos debates y exige que se hagan por separado para que las críticas al Estatuto de Cataluña y a la política territorial no queden difuminadas por el lógico clima de acuerdo que requiere la apertura de un proceso de paz. Zapatero ha comunicado a sus colaboradores que le es indiferente la refundición de los debates o hacerlos por separado, pero que se cuente con el acuerdo del PP. La vicepresidenta primera indicó tras la reunión del Consejo de Ministros que la unificación estará condicionada a un acuerdo con los populares, aunque la convocatoria del debate es potestad del Ejecutivo.

No demorarlo

Desde La Moncloa se justificó la concentración en que para final de mayo estará más que verificado el alto el fuego, y no tendría sentido demorar más la petición al Congreso. Hacerlo más tarde, agregaron los medios consultados, supondría irse a la primera quincena de junio y solapar el pleno con la campaña del referéndum estatutario catalán que estará en su apogeo por esas fechas. Otras fuentes gubernamentales reconocieron, no obstante, que incrustar el debate sobre la apertura del proceso de paz en el de política general desnaturalizaría el segundo porque el final de la violencia eclipsaría cualquier otro asunto.

Sea unificado el debate o sea por separado, el Gobierno tiene claro que la autorización del diálogo con la organización terrorista no va a ser sometida a votación. Por dos razones, para votar se requiere que haya un texto y sería muy improbable conciliar las posturas del PP con las de, por ejemplo, los nacionalistas vascos. Y en segundo lugar, para evitar que los populares incurran en la contradicción de apoyar ahora una resolución a favor del diálogo con ETA después de haberse negado hace un año a secundar una iniciativa en el mismo sentido. El 17 de mayo de 2005, en el debate sobre el estado de la nación, todos los grupos, salvo el PP, respaldaron que el Gobierno iniciase un proceso de paz, una vez que los terroristas renunciasen a la violencia.

Mutismo

El Gobierno, entretanto, mantiene su mutismo sobre los pasos que piensa dar una vez que se abra el diálogo con ETA. María Teresa Fernández de la Vega señaló que en la fase actual «no procede hablar de nada más» y reclamó que se abandonen «las especulaciones» sobre eventuales medidas gubernamentales.

De la Vega manifestó que «cuando se planteen los temas concretos, decidiremos», pero hasta que llegue ese momento el Gobierno no va a descubrir sus intenciones. Insistió por activa y pasiva que ahora es la fase de constatar la veracidad del alto el fuego y «hasta que eso no se haya producido» no se va hablar de otros asuntos. No es el momento, prosiguió, ni de plantear entregas de arsenales ni de contrapartidas de ningún tipo.

Rodríguez Zapatero lleva con gran discreción sus planes y apenas ha trascendido que desde finales de marzo tiene en su mesa un informe sobre la situación penal de un centenar de miembros de ETA condenados sin delitos de sangre y sin condenas múltiples. Este grupo, el 20% de los presos de ETA en España, sería susceptible de ser acercado a prisiones de Euskadi y Navarra si el Ejecutivo decide un movimiento en ese sentido.