La OPA de Gas Natural ha estado rodeada de distintas iniciativas jurídicas que, en su mayoría, buscaban paralizar el proceso. Dos de ellas lo han conseguido, pero sólo suponen un 'tiempo muerto' ya que la lenta maquinaria judicial tardará, al menos, más de un año en resolver dicha operación. La más decidida a la hora de acudir a los tribunales fue la eléctrica, que lo ha hecho en más de media docena de ocasiones, incluso fuera de España.

Es el caso del Tribunal de Justicia Europeo de Luxemburgo, donde la eléctrica recurrió la decisión de la CE de dejar en manos de las autoridades nacionales el pronunciamiento sobre las repercusiones de la OPA. La eléctrica y la gasista también han llevado sus diferencias ante la SEC, el regulador del mercado de valores de EE. UU. Madrid y Barcelona, no obstante, han sido los polos de la estrategia jurídica de ambas compañías. Los principales órganos judiciales -Supremo y Audiencia Nacional- también han tenido que intervenir.