Los partidos nacionalistas celebraron ayer el Aberri Eguna con su atención centrada en las consecuencias del «alto el fuego permanente» de ETA. El documento que el PNV hizo público con motivo del Aberri Eguna 2006 afirmaba que «Euskadi es hoy más nación que nunca». Pero lo que el nacionalismo califica como nación es en realidad una comunidad política y de autogobierno que ha sido y seguirá siendo posible como denominador común de la diversidad; nunca como realización sublimada de un proyecto ideológico al dictado. De ahí que resulte de una simpleza insostenible y predemocrática la afirmación de Ibarretxe de que «los vascos no tenemos otra constitución que los derechos históricos».

Las formaciones nacionalistas están reaccionando con disparidad y desconcierto al alto el fuego de ETA. Hoy resulta fácil establecer la distinción entre el pactismo por el que se inclinan Josu Jon Imaz y la oficialidad jeltzale y el soberanismo más o menos rupturista en que parece confluir el resto de las opciones abertzales. Ayer volvió a demostrarse que nada significa lo mismo para el abertzalismo más soberanista y para el no-nacionalismo, e incluso para el nacionalismo pactista.

Desde este punto de vista, resulta significativo que sean aquellos que más han preconizado la necesidad de un diálogo sin límites ni condiciones quienes más tratan de condicionar y definir su sentido. ETA se ha pronunciado en contra de que el diálogo político sea protagonizado exclusivamente por partidos. Por su parte, Batasuna ha situado la territorialidad y la autodeterminación no como aspiraciones legítimas sino como reglas fundamentales de juego fijadas, sin duda, para determinar el resultado de éste. Eusko Alkartasuna y el propio lehendakari Ibarretxe han advertido de que el «derecho a decidir» implica que aquello por lo que opten mayoritariamente los vascos no pueda ser modificado en las Cortes Generales. Son las aristas que el nacionalismo más soberanista ofrece como dificultad añadida al siempre complicado diálogo político en el País Vasco. Aristas que obligan tanto a las formaciones no-nacionalistas como al PNV de Imaz a administrar los tiempos frente a los más radicales que demandan la puesta en marcha urgente de la Mesa de la Resolución. Aristas que, en definitiva, obligan a posponer el diálogo político sobre el futuro del autogobierno vasco a la previa verificación de que el alto el fuego tiende a ser definitivo.