Ibarretxe, cuyo partido, el PNV obtuvo 420.980 votos en las elecciones de marzo de 2004 dijo ayer en la celebración del Día de la patria vasca que «la única Constitución del pueblo vasco es la Constitución formada por los derechos históricos del pueblo vasco». Debería saber a estas alturas que el pueblo vasco, compuesto por 2,1 millones de ciudadanos no tiene derechos históricos sino que éstos corresponden a Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

Todos los materiales ideológicos del nacionalismo vasco proceden del pasado fuerista. Sabino Arana cambió de nombre a los Fueros y los llamó «lagi-zarrak», leyes viejas. Y no es lo mismo. Porque los fueros no son expresión de independencia ni testimonio de la capacidad de autolegislación, sino concesiones. El propio nombre, de raíz castellana, designa los privilegios otorgados por los reyes desde la Edad Media a la provincia de Guipúzcoa y al Señorío de Vizcaya, recogidos en un pacto solemne para cuya modificación era siempre necesaria la firma real.

Los «derechos históricos» están reconocidos en la Disposición Adicional Primera de la Constitución, aprobada en referendum, por cierto, pese a la recomendación de abstención que hizo el PNV y que dio lugar no como se dice a que en el País Vasco fuera mayoritario el voto negativo sino a que la abstención fuese quince puntos más alta. El Tribunal Constitucional ha establecido que, dado su carácter excepcional, esos derechos deben ser interpretados restrictivamente, ceñidos sólo a algunas peculiaridades. No son, pues, fuente de derecho: son una fórmula para establecer las relaciones tributarias y financieras entre el Estado y el País Vasco. Los titulares de los derechos históricos son las antiguas provincias, no la comunidad autónoma. Y la competencia tributaria de Euskadi reside en las Instituciones de sus tres territorios históricos, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, no en pueblo vasco ni en los ciudadanos vascos. Sostener lo contrario es falsificar la Historia.