Mientras a nivel administrativo los responsables autonómicos y municipales intentan ponerse de acuerdo sobre el futuro de las vías pecuarias, vecinos de las barriadas rurales muestran su confianza en que el proceso que está a punto de comenzar permita que, por fin, puedan acceder a la titularidad de los terrenos donde se enclavan sus viviendas desde hace años.

Colectivos como Sol Rural reivindican desde hace tiempo «el tema del suelo», como indica su secretaria, Francisca Gago, quien recuerda que los asentamientos sobre vías pecuarias son ya ancestrales y que, de todas maneras, existen porque «fueron permitidos», hasta hace muy poco, por las administraciones competentes.

Así las cosas, la asociación confía en que no haya más derribos de viviendas. De esto saben mucho en La Guareña, cuyo delegado de Alcaldía, José Benito, recuerda que las cañadas que atraviesan la barriada (de León y de la Sierra) se encuentran entre las deslindadas.

«Las últimas noticias que tenemos de la alcaldesa (Pilar Sánchez) es que La Guareña entrará dentro de las primeras solicitudes ante la Delegación Provincial de Medio Ambiente para la desafectación». Además, Benito subraya que el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluye la normalización de todas las construcciones, así que «esperamos que no haya más demoliciones».

Para estos vecinos, el único objetivo ahora es «tener la tranquilidad de que lo que tienen es suyo», en referencia a la inevitable compra del suelo por parte de sus ocupantes. «Tendremos que pagar el canon que se estipule», considera Benito.

Lo mismo opina Manuel Bertolet, alcalde pedáneo de Torrecera, zona afectada por la cañada del Arquillo y donde la normalización urbanística se está negociando directamente con Medio Ambiente. «Llevamos más de dos años trabajando en este tema. La cañada está bastante deslindada, excepto en el tramo de Torrecera Baja, donde hay unas 40 viviendas», donde también «se pagan impuestos» y, en su opinión, los habitantes tienen derecho a «todos los servicios y a la propiedad del suelo».

En Lomopardo, su delegada de Alcaldía, Cristina García, adelanta que «hace una semana técnicos de Urbanismo estuvieron sacando fotos de las viviendas y creemos que es para tenerlo todo listo para la legalización. Aquí esperamos más de cien familias».

En zonas como Torremelgarejo la situación es muy parecida, con «unas 40 familias esperando las escrituras de sus terrenos -explica su delegada, Inés Sánchez-. Pero todo depende de la Junta de Andalucía».