La coordinación de las distintas administraciones para garantizar la eficacia de las medidas de prevención de riesgos laborales se antoja un empeño ineludible. Éste es, al menos, el argumento que defienden los sindicalistas campogibraltareños.

Las uniones comarcales de CC OO y UGT sostienen que resulta necesaria que se favorezca la implicación de la Junta de Andalucía en las tareas de prevención y, a través de ella, de las administraciones locales. «Un policía local, por ejemplo, tiene competencias sobre disciplina urbanística pero no puede llegar y paralizar una obra que no cumpla la normativa de prevención de riesgos laborales», se queja la secretaria comarcal de CC OO, Inmaculada Ortega. Idéntico parecer sostiene el secretario comarcal de Salud Laboral de UGT, Emilio Sambucety, quien considera una exigencia implicar a las comunidades autónomas en la cooperación con la Inspección de Trabajo. «Cualquier medida que pueda habilitarse para luchar contra la siniestralidad pide como necesario complemento esta colaboración de las comunidades autónomas», insiste el sindicalista.

Estas consideraciones de Ortega y Sambucety se formulan al amparo de una propuesta que el Gobierno andaluz estaría madurando para abrir una cuarta vía que haga posible acceder a la plantilla de la Inspección de Trabajo sin necesidad de concurrir a unas oposiciones. Esta idea, que, según informaba ayer un diario de tirada nacional, la Junta de Andalucía estaría sopesando trasladar al Ministerio de Trabajo, permitiría la incorporación al cuerpo de inspectores de profesionales y expertos de prestigio. La propuesta está animada por la pretensión de agilizar el proceso emprendido por la Administración central para ampliar las plantillas de inspectores de trabajo.

Tanto Ortega como Sambucety coinciden en la conveniencia de considerar esta propuesta. Ambos no dudan en calificar la actual situación de la prevención de riesgos laborales de «insostenible».