Repsol se ha comprometido ante la Comisión Europea a liberar a sus estaciones de servicio con contratos de suministro en exclusiva a largo plazo. Esta ha sido una de las condiciones que han permitido que Bruselas cierre las investigaciones que mantenía sobre la petrolera hispano-argentina en materia de competencia. La aplicación del pacto permitirá a los propietarios de 500 gasolineras que hasta ahora debían comprar el carburante a Repsol empezar a negociar con otras marcas. La comisaria europea de Competencia, Neelie Kroes, destacó que gracias al acuerdo «el consumidor gozará de mayor elección y precios más bajos».

El compromiso de Repsol pone fin a una larga investigación que tiene su causa en el proceso de liberalización del sector de los carburantes abierto tras la entrada de España en la UE en 1986. El desmantelamiento de la pública y monopolística Campsa fue paralelo a la libertad para construir nuevas gasolineras. Un proceso de crecimiento del mercado en el que Repsol firmó con muchos propietarios de terrenos o edificios unos contratos a muy largo plazo (entre 25 y 40 años) por los que la compañía financiaba las obras o reparaciones, alquilaba la instalación al propio dueño del solar y durante la vigencia del acuerdo se convertía en el exclusivo proveedor de carburantes de la estación de servicio.

Acceso difícil

Una situación que levantó las críticas de Bruselas. La investigación europea ha demostrado que «el acceso al mercado es bastante difícil» y que los contratos de Repsol «contribuían de forma especial a cerrar el mercado» lo que «disminuye la presión para reducir los precios y aumentar la calidad, en detrimento de los consumidores».

Ahora, las 500 gasolineras que aún se ven sometidas a esos contratos (un 14% de las que tiene en España) podrán rescindirlos si pagan una compensación a Repsol. Además, la petrolera se ha comprometido a no firmar ningún nuevo contrato de suministro exclusivo de una duración superior a cinco años. Del mismo modo, se abstendrá de comprar nuevas estaciones de servicio a las que no suministre carburantes. A todo esto se suma la obligatoriedad de dar total libertad a sus gasolineras para ofrecer descuentos en los precios minoristas. Si la petrolera no cumple el pacto, se enfrentará a una multa de hasta el 10% de su volumen de negocio.