Más de tres horas estuvo declarando ayer por el caso de las viviendas ilegales construidas en Pinar del Coig, el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de El Puerto, Juan Carlos Rodríguez. A las diez y media pasadas entraba el edil junto a su abogado, para salir del Juzgado de instrucción número 2 de El Puerto casi a las dos de la tarde. Rodríguez no quiso hacer declaraciones, algo que sí se espera que acontezca hoy.

Quien sí valoró la testificación del edil fue el abogado de Ecologistas en Acción, Enrique Bartolomé, que apreció «contradicciones» en varios puntos. Entre estas novedades en las declaraciones de Rodríguez, destacó que su antecesor al frente de Urbanismo, Pedro Alamillo, «concedió en 2002 luz y agua a los vecinos de Pinar de Coig». Además, aportó que María del Carmen Pacheco fue la primera vecina que recibió autorización para ésto el 7 de julio de 2003, a la semana de tomar posesión de su cargo el propio Rodríguez. Por este motivo, llamarán a declarar como testigo a «esta mujer y al ingeniero autor del proyecto de instalación de luz en el pinar».

Pruebas

Bartolomé también explicó que «están probadas documentalmente dos cuestiones: el concejal conocía con anterioridad la denuncia de los ecologistas por el proceso de construcciones ilegales en el pinar y no se actúo desde el Ayuntamiento, y que, en lo referente al tema de la luz, Rodríguez paralizó este asunto tras las investigaciones de la Junta de Andalucía por la denuncia interpuesta por el grupo conservacionista al respecto».

Según el letrado, desde 2003, Rodríguez autorizó la luz en tres ocasiones e incluso «dio el visto bueno al proyecto de construcción de la instrucción de la luz con un presupuesto de 62.000 euros», en 2004 lo firmó y se aprobó en 2005 esta «obra ilegal» para que en el pinar tuvieran luz. Para Bartolomé, «que no hubiera luz no quiere decir que el concejal no diera su permiso, si no la hubo fue porque Ecologistas en Acción denunció este hecho y el fiscal de Cádiz de Medio Ambiente abrió diligencias».

El edil confesó que desconocía ciertos aspectos para actuar disciplinariamente desde la Corporación, como el escrito de 31 de marzo de 2004 de la Junta que se le insta a actuar de oficio, que dijo «descubrirlo en 2005 y a través del servicio de Disciplina Urbanística», indicó Bartolomé.

Sin embargo, a preguntas del fiscal contestó que durante su mandato sólo entraron dos temas de gran importancia urbanística, «Beatillas y Pinar de Coig», según Bartolomé, quien añadió que Juan Carlos Rodríguez se contradijo «en un dato importante, ya que el 8 de abril de 2004 mandó un escrito a Sevillana para explicar que autorizaba la luz a Pinar de Coig y el día 20 del mismo mes hizo que se paralizara todo el proceso, con el gasto realizado por los vecinos».