La convocatoria de una sesión extraordinaria con sólo tres puntos (la cancelación de la deuda con la Seguridad Social, la liberación del edil de IU José Garrido y el pliego de condiciones para el complejo de piscinas) convirtió el plenario en una auténtica escena del camarote de los hermanos Marx.

La sesión comenzó con una cuestión de orden planteada por la portavoz socialista Ana Mosquera, quien solicitó la suspensión del Pleno. El motivo, la imposibilidad de su compañero Antonio Hernández Leyton de tomar posesión de su acta de concejal. Este hecho fue denunciado por la socialista con un rotundo «se están mermando nuestros derechos democráticos».

La reacción socialista fue secundada desde el PA. Este grupo, a través de su portavoz Maribel Peinado, incidió en la toma de posesión de Hernández Leyton y solicitó su desconvocatoria.

La polémica en torno a la incorporación del edil socialista al plenario obedece a la peculiar situación del gobierno puertorrealeño, gobernado por IU con mayoría simple. Así, desde el PSOE se consideró que la convocatoria de este pleno obedecía a la «necesidad del equipo de gobierno de tener una mayoría absoluta que las urnas no le han dado».

La sesión

Tras la intervención de las portavoces de PSOE y PA, comenzó el debate político, con la cancelación de la deuda con la Seguridad Social como primer punto. Según defendió el concejal de Hacienda Alonso Lobato, se ha alcanzado un acuerdo con la Dirección General de Financiación Territorial «para el pago de la deuda inaplazable», cantidad que supera los 2.600.000 euros. Tras la ejecución de este pago, y siempre según la versión de Lobato, el resto de la deuda contraída con la Seguridad Social (más de 19 millones de euros) se abonará en pagos fraccionados durante los próximos diez años.

Esta tesis fue rebatida por la socialista Ana Mosquera, quien consideró que no se había informado a la oposición de esta operación y que «la única realidad es que desde hace un año no recibimos los ingresos del Estado».

El turno de intervenciones lo cerró el alcalde José Antonio Barroso para aclarar que se había alcanzado un acuerdo del pago fraccionado en diez años «al igual que el alcanzado por el Ayuntamiento de Jerez». Respecto a la premura en tratar este punto aclaró que se debía «a la necesidad de presentar en Madrid toda la documentación antes del día 6 para recibir los ingresos del Estado».

Tras la votación, saldada con la mayoría simple de IU y la abstención del resto de los grupos, llegó el esperpento. El edil popular José Antonio Aldayturriaga abandonó la sala, los andalucistas se retiraron hacia los sillones del público y los miembros del PSOE, tras rebatir el resto de la sesión, se situaron en el mismo lugar con carteles en los que pedían «No a las cacicadas».