La plataforma de afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) que aplicó el Ayuntamiento de Jerez en septiembre 2012 pide al gobierno local (PSOE) que se produzca «con la mayor inmediatez posible» la reincorporación de aquellos que cuentan con sentencias favorables, tras ser declarados sus despidos improcedentes en los juicios por sus demandas individuales.

En rueda de prensa, los portavoces de la plataforma de afectados por el ERE que envió al paro a 260 trabajadores municipales, han recordado que este sábado se cumplen tres años desde que la exalcaldesa María José García-Pelayo (PP) «nos quitara nuestros puestos de trabajo de forma arbitraria».

Así, han explicado que, tras la celebración de las vistas, «todas las sentencias» han sido de despidos «improcedentes» en lo que respecta al colectivo de menores de 59 años, mientras que los mayores de esta edad están pendientes de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se pronuncie sobre sus extinciones de contrato.

En este sentido, desde la plataforma han advertido de que los tres juzgados de lo Social de Jerez han apuntado en los «hechos probados» de sus sentencias a los delegados de la exalcaldesa como los «responsables de la elaboración de las listas de los despedidos» y de la selección realizada bajo los criterios de «simpatías personales» y «procesos mentales».

De esta manera, los portavoces del colectivo han subrayado que en las sentencias ha quedado probado que «no se aplicó ningún baremo» para medir la formación, experiencia, antigüedad, polivalencia, cargas familiares u otras cuestiones de los empleados incluidos en el ERE.

Tres años después, desde la plataforma han afirmado que empiezan a ver «la luz al final del túnel» con la llegada al Ayuntamiento jerezano de la alcaldesa socialista Mamen Sánchez, quien se ha comprometido a readmitir a aquellos empleados con sentencias favorables.

Además del respaldo del gobierno municipal del PSOE, han resaltado el «apoyo» de Ganemos, IU y Ciudadanos, el cual se plasmará en una moción que se elevará al Pleno de septiembre a propuesta de la Plataforma Informativa de Afectados por el ERE.