Los problemas judiciales cercan al ministro de Justicia de Francia y al secretario general del Elíseo

Inculpado, Kohler será juzgado tras el proceso de instrucción y juicio, sin prejuzgar la sentencia definitiva. En términos puramente políticos, se trata de una mancha grave en el corazón del Estado, en el palacio del Elíseo.

Por su parte, el Tribunal de Justicia de la República (TJR) ordenó la mañana del lunes el proceso de Éric Dupond-Moretti (EDM, 61 años), ministro de Justicia, sospechoso de conflicto de intereses: utilizar su cargo gubernamental para 'ajustar cuentas' con antiguos colegas abogados.

El TJR es un tribunal de excepción, el único autorizado, en Francia, para juzgar a ministros en el ejercicio de sus funciones.

Antes de tomar su decisión, el Tribunal había pedido a su Comisión de instrucción una investigación particular. Tres miembros del Tribunal de Casación terminaron aconsejando el proceso del ministro.

Se trata de un caso excepcional: un ministro de Justicia previsiblemente juzgado por eventuales delitos de conflicto de intereses cometidos durante el ejercicio de sus funciones. Según el Consejo de Estado español, «el conflicto de intereses podría definirse como aquella conducta en que incurre un servidor público, contraria a la función pública, en la que, movido por un interés particular prevalente o ausente del interés general, sin declararse impedido, toma una decisión o realiza alguna gestión propia de sus funciones o cargo, en provecho suyo, de un familiar o un tercero y en perjuicio de la función pública».

Dupond-Moretti fue nombrado por Macron el 6 de julio de 2020 y llegó al cargo arrastrando las 'cacerolas' de un abogado de 'rompe y rasga' con muchos amigos y adversarios de la más diversa sensibilidad.

Como ministro, Dupond-Moretti se ha visto envuelto en nuevas polémicas, ligadas al ejercicio de su cargo, hasta que, finalmente, las acusaciones terminaron ante el TJR, que comenzó por pedir un informe especial a su Comisión de instrucción, cuyas conclusiones tienen un alcance político inquietante.

Uno de los ministros más influyentes del Gobierno de Macron es acusado de posibles delitos de gravedad palmaria: utilizar su cargo para 'ajustar cuentas' con antiguos colegas, abogados de cierto renombre, en algunos casos.

Los abogados del ministro de Justicia han presentado inmediatamente un recurso que puede aplazar durante muchos meses el inicio del proceso. Ese aplazamiento jurídico, formal, puede tener un precio político grave: Dupond-Moretti y el presidente Macron estarán acosados públicamente en un terreno inflamable.

El TJR ha hecho pública su decisión el mismo día del inicio de la sesión parlamentaria, la tarde del lunes. La oposición conservadora tradicional no desea ser cómplice de los proyectos legislativos de Macron. La oposición de extrema izquierda y extrema derecha anuncian críticas a la totalidad de los proyectos. El presidente de la República amenaza con gobernar con decretazos, recurriendo a un artículo que permite aprobar leyes sin mayoría parlamentaria, siempre que no se presenten mociones de censura.

Macron ha anunciado que estaría dispuesto a convocar elecciones anticipadas si la oposición siguiera unirse para votar una moción de censura. Hipótesis todavía muy lejanas.