México revienta la cooperación con EE.UU. contra el narcotráfico

En lo que va de año, la DEA, agencia antidroga de EE.UU., se ha incautado de casi 8.200 pastillas y 700 kilos de polvo de fentanilo. Es, hoy por hoy, la droga que más mata en el país: un 67% de las muertes por sobredosis las provoca esta sustancia, sola o mezclada con cocaína, metanfetaminas o heroína. El fentanilo es desde 2019 la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años, por encima del suicidio, los accidentes de tráfico, el Covid y el cáncer, según las autoridades sanitarias de EE.UU.

Y para EE.UU. este es ya no es sólo un problema de salud pública, sino sobre todo político y diplomático, pues según los datos de los que dispone la agencia antidroga norteamericana, la gran mayoría de fentanilo que entra en EE.UU. se produce en México. Sin embargo, para una creciente indignación de demócratas y republicanos, el presidente mexicano ha dejado claro que, en su opinión, el fentanilo es un problema de EE.UU. y sólo de EE.UU.

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«Aquí nosotros no producimos fentanilo y nosotros no tenemos consumo de fentanilo. Y lamentamos mucho lo que está pasando en EE.UU. ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en EE.UU.? ¿Por qué no atienden a sus jóvenes?», dijo Andrés Manuel López Obrador este pasado 10 de marzo, durante una visita a México de Liz Sherwood-Randall, una de las responsables de la cartera de narcotráfico en la Casa Blanca, con la que se acababa de reunir y que llevaba el encargo de Joe Biden de estrechar la colaboración para controlar esa sustancia. Aunque días después, este jueves, López Obrador finalmente admitió que su país sí produce fentanilo, pero atribuyó la crisis a políticas fallidas de EE.UU. Aún así, llegó a plantear hasta una prohibición total de la sustancia, incluido su uso médico.

Tanto para la Casa Blanca como para los republicanos en el Capitolio la afirmación del pasado día 10 fue toda una afrenta, pues en el pasado el propio Gobierno mexicano había admitido que el fentanilo se produce en laboratorios de México con químicos traídos de China. En Washington apenas se rebate la noción de que casi todo el fentanilo que llega a EE.UU. es mexicano. De hecho el mes pasado, la directora de la Agencia Antidroga, Anne Milgram, declaró en una audiencia sobre narcotráfico en el Capitolio que los cárteles mexicanos rivales de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (JNG), son responsables de la «gran mayoría del fentanilo que está entrando en EE.UU.». Por ejemplo: el 12 de marzo el Ejército mexicano halló dos millones de pastillas de fentanilo en Tijuana, cerca de la frontera con California.

Ahora, ante lo que en Washington se considera un cambio inaceptable en décadas de cooperación de México contra el narcotráfico, los republicanos han decidido tomar la iniciativa y mover leyes para permitirle a las Fuerzas Armadas de EE.UU. intervenir en México para erradicar a los cárteles que producen y mueven el grueso de esa sustancia.

Uno de los promotores de esas leyes es el senador Lindsay Graham, quien el 8 de marzo convocó a la prensa en Washington para advertir a México de que EE.UU. «desatará su furia y su poderío contra estos cárteles», dando a los militares «la autoridad para ir tras estas organizaciones dondequiera que existan». «No para invadir México. No para derribar aviones mexicanos. Sino para destruir los laboratorios de drogas que están envenenando a los estadounidenses», añadió. Al presidente de México le dijo, directamente: «El fentanilo es un arma de destrucción masiva que se está desatando en EE.UU. desde su país. Viene de su país. Usted está permitiendo que haya refugios para que estos grupos operen con impunidad. Su país está siendo utilizado por narcoterroristas para envenenar América. Le pedimos su ayuda».

Esas propuestas, que no tienen enteros de convertirse en leyes, indignaron aun así a López Obrador, quien en una de sus conferencias mañaneras advirtió de que se está planteando seriamente pagar campañas publicitarias en EE.UU. pidiendo a los hispanos de origen mexicano que no voten más a los republicanos en próximas elecciones.

Como en materia migratoria, en las nuevas modalidades de narcotráfico el Gobierno de EE.UU. se ve dependiendo de México, e incapaz de cortar de raíz los flujos ilegales de entrada por medio de una frontera de 3.000 kilómetros, y eso a pesar de algunas detenciones recientes de muy alto nivel relacionadas con el tráfico de fentanilo, como la de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ocurrida en enero.

La destrucción que provoca esa sustancia ha unificado a republicanos y demócratas en uno de los pocos actos de bipartidismo que se han visto recientemente en Washington. El año pasado, el Senado aprobó por unanimidad una ley que queda pendiente de tramitación en la Cámara que reforzaría a la Guardia de Frontera para incautarse de más remesas de esa sustancia.

Uno de los demócratas que está tramitando esa ley en la Cámara es el diputado David Trone, quien afirma que no es sólo un problema mexicano. «El 99% del fentanilo proviene de precursores de China, y luego es fabricado por dos cárteles, el de Jalisco y el de Sinaloa, y son ellos los que lo traen a través de la frontera», afirma. «Trabajando juntos, debemos hacer todo lo posible para detener el flujo de fentanilo ilícito en nuestras comunidades», añadió.

Texas, que al estar en la frontera padece más los estragos de esa sustancia, se ha movilizado más rápido y su Senado estatal ha aprobado una ley que permitiría a la fiscalía imputarle a los traficantes de fentanilo delitos de homicidio voluntario. La senadora republicana de Houston Joan Hoffman afirma que esa medida tendría lógicamente consecuencias en la cooperación transfronteriza y las solicitudes de extradición, pues «es un hecho que el fentanilo está inundando nuestras fronteras, sin lugar a dudas, está matando a nuestros ciudadanos a diario, y es hora de que adoptemos un enfoque integral para combatirlo».

De momento, el hijo del Chapo, apodado 'El Ratón', está siendo juzgado por un tribunal que decidirá si le extradita a EE.UU., donde se enfrenta a 11 cargos de narcotráfico y lavado de dinero en Nueva York y Chicago, con pena máxima de cadena perpetua.