«Libres a medias»: Ortega impide la reunificación familiar de los presos políticos deportados

Desde su destierro impuesto en Estados Unidos confiesa, vía llamada telefónica, que habría sido mejor no haberlos visto cuando aún estaba libre. Sabía que era vigilado por el régimen de Ortega y Murillo, debido a su participación en aquellos movimientos universitarios opositores al Gobierno, en 2018. Durante su detención, los oficiales podrían haber usado la figura de sus hijos para amenazar y torturarle psicológicamente, como lo han hecho con otros presos políticos que tienen hijos pequeños.

En los meses previos a su encarcelamiento, el joven estudiante comenzaba a rehacer su carrera universitaria de Ingeniería Civil, interrumpida por las protestas de hace cinco años y la violenta represión policial que marcó a Nicaragua ese año. Dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), un recinto estatal, organizó manifestaciones contra el régimen entre abril y mayo de 2018. Tras su captura lo acusaron de tráfico y portación ilegal de drogas. Cerna revela ahora que presenció el momento en que los agentes de la Policía Nacional colocaron en su mochila la droga. En ese instante, supo que no había mucho que hacer. El régimen revestía los casos políticos con delitos comunes. Todavía no existían las leyes represivas que tipifican la 'traición a la patria' y el 'menoscabo a la soberanía nacional', que fueron aprobadas a finales de diciembre de 2021.

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«Hablo con ellos [sus hijos] casi todos los días, pero la posibilidad de reencontrarnos es imposible», asegura Cerna. Él es el padre biológico de los mellizos, aunque, al no tener un estatus legal después del destierro, nunca fue considerado como su tutor. Es decir, no existe una justificación jurídica que le permita reclamar la paternidad de los niños. La situación se complicó cuando él y otros 221 presos políticos fueron despojados de su nacionalidad el pasado mes de febrero tras ser deportados por orden de la dictadura, perdiendo sus derechos como ciudadanos nicaragüenses.

A pesar de que la mayoría de presos políticos liberados han comenzado a rehacer sus vidas fuera de su país, muy pocos se atreven a conversar abiertamente sobre el tema de la reunificación familiar. Ellos están libres, pero la mayoría de sus familiares permanecen en Nicaragua. Los intentos por sacarlos del país han derivado en un proceso que, hasta el momento, resulta tortuoso, en parte porque el Gobierno nicaragüense ha desplegado toda una táctica de dilaciones hacia los familiares.

Tres presos políticos que hablaron con ABC pidieron mantener sus casos bajo anonimato hasta que tengan la seguridad de que sus familias están fuera de peligro. La mayoría evita manifestarse sobre el asunto, con la esperanza de que las instituciones nicaragüenses no encuentren una excusa para negarles la expedición de pasaportes o documentos de viajes a sus parejas e hijos.

«He decidido dejar de pronunciarme porque en este momento mi esposa está tramitando el pasaporte de mi hijo. Es un proceso muy complejo, sobre todo en una dictadura como la de Nicaragua. Cuando tenga a mi familia a mi lado, me sentiré completamente libre», aseguró un expreso político que reside en Miami. Su familia ha sido citada en dos ocasiones, con la promesa de que están investigando su caso. Espera que en la tercera pueda lograrlo. De prevalecer una negativa, «tendremos que valorar otras opciones», explica la fuente, entre las que se encuentra la búsqueda de un 'coyote' (o 'pollero') que los saquen del país.

Y es que los familiares de los presos políticos excarcelados por Ortega y Murillo, y deportados, se enfrentan a una nueva dificultad. Las instituciones de Nicaragua se han negado, en algunos casos, a la emisión de documentos como pasaporte para que puedan reunirse con sus familiares. Tal es el caso de Josefina –una de las reas políticas desterradas hacia Estados Unidos por el Gobierno sandinista el 9 de febrero, y que pidió ser citada con un nombre falso debido a que alberga esperanzas de que se resuelva su situación–.

Al menos dos familiares de Josefina, su hija y su nieto, han recibido negativas en el momento de gestionar el documento de viaje que les permita salir del país. La tarde del lunes 13 de marzo fue la última vez que sus familiares fueron a una oficina de Migración, en Managua, con el fin de gestionar el pasaporte. Allí esperaron durante casi dos horas para recibir una negativa. Lo que más llama la atención de la mujer es que incluso a su nieto de solo cinco meses se le ha negado el documento.

«Lo único que le dijeron a mi hija [la madre del menor] es que iban a seguir investigando. ¿Qué tanto tienen que investigar a un bebé?», se cuestiona Josefina a través del teléfono desde Los Ángeles, ciudad en la que reside después de haber sido desterrada por el régimen de Ortega. Ella y los otros 221 presos políticos fueron enviados a través de un vuelo chárter hacia Washington. Luego, un Tribunal de Apelaciones de Managua los despojó de su nacionalidad nicaragüense. La medida incluye muerte civil y apatridia. Sin embargo, España, Chile, Argentina, Colombia y México ofrecieron la ciudadanía a los nicaragüenses desterrados semanas después del anuncio.

Ante este callejón sin salida, Josefina no sabe cuándo se reunirá con su hija y su nieto, a quien conoce únicamente a través de fotografías, ya que nació mientras estaba encarcelada en la prisión de mujeres La Esperanza. En febrero de 2020, la Policía Nacional ejecutó un operativo para detenerla y sacarla de una casa de seguridad en la que permanecía tras la represión orquestada por el régimen en abril de 2018. «Tiene que esperar, porque son órdenes internas», le dijeron los funcionarios de Migración a la hija de Josefina.

Las denuncias sobre esta nueva acción represiva del régimen de Ortega y Murillo han llenado los titulares de los medios nicaragüenses. Algunas informaciones periodísticas hacen mención de casos de hijos de presos políticos en los cuales el apellido de la persona desterrada ha sido borrado de los documentos oficiales. Este medio no pudo corroborar esa información y no es el caso de las fuentes consultadas para esta información.

Juana, otra presa política que fue encarcelada a inicios de 2021 y que pidió no ser citada con su nombre verdadero, debido a que sus familiares continúan haciendo gestiones en Nicaragua para obtener sus pasaportes, atraviesa una situación similar con su hijo. Debido a que es un menor de edad, ella es la única persona responsable de la tutela de su hijo de 13 años. «Es un peso que todos los presos políticos cargamos. Mi hijo está en un limbo, porque en este momento está a cargo de una tía que no tiene su custodia. Él solo cuenta con mi apellido, porque lo crié como madre soltera. Nunca pensé que a nosotros nos iban a sacar del país y quitar la nacionalidad», aseguró desde Miami, ciudad en la que reside desde el destierro impuesto por el régimen.

Los apátridas, a través de una extensa declaratoria pública a un mes de su liberación, pidieron apoyo a Estados Unidos para garantizar la reunificación. «Urgimos al Gobierno estadounidense y de las otras naciones hermanas que nos han ofrecido su nacionalidad, lleven adelante acciones que conduzcan a nuestra pronta reunificación con nuestras familias», enfatizaron.

También solicitaron «respetuosamente a los poderes Ejecutivo y Legislativo estadounidenses que consideren aprobar mecanismos legales para que los 222 pasajeros del vuelo a la libertad, así como a los 94 hermanos que posteriormente también fueron ilegítimamente arrebatados de la nacionalidad nicaragüense, podamos recibir la condición de refugiados o asilados políticos de manera expedita».

Mientras tanto, muchos de los presos políticos excarcelados y deportados se sienten libres a medias. A pesar de que el régimen los ha liberado a ellos, sus familias siguen cautivas en Nicaragua, un país en el que criticar al poder está prohibido por ley.