El Gobierno de Guatemala recrudece la persecución penal contra la prensa independiente

La decisión de Bremer surge como parte del segundo proceso penal en contra de José Rubén Zamora Marroquín, el galardonado periodista y fundador del diario 'elPeriódico', acusado de obstrucción a la Justicia y detenido desde el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de «lavado de dinero». Su detención ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de entidades internacionales de libertad de expresión, por las condiciones, tiempos y formas en las que la fiscalía ha llevado el proceso.

Durante la audiencia judicial, la fiscal a cargo del caso Cynthia Monterroso alegó que Zamora había creado «una campaña de desprestigio por medio de publicaciones en elPeriódico» y que para ello habría contado con la colaboración de los periodistas y columnistas señalados. Monterroso acusa a los periodistas de cometer el delito de obstrucción de justicia por haber «amenazado y coaccionado» a jueces, magistrados y testigos «con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones», por la cobertura periodística del caso en los últimos siete meses, cuando estalló la más intensa persecución contra el medio, fundado en 1996.

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La decisión del juez y el acoso a la prensa ha sido duramente contestada. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), la Red Centroamericana de Periodistas y el Robert Kennedy Human Rights, entre otros, han emitido fuertes pronunciamientos condenando la decisión de Bremer y el proceso penal contra Zamora. «Estas acciones violan principios sobre libertad de expresión de las declaraciones de Chapultepec, de Salta y sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos», señala la SIP.

Organizaciones civiles como la Asociación Doses y la Alianza por las Reformas, así como exfiscal general Claudia Paz y el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro –víctima también de la persecución a la prensa en su país–, se han sumado a las muestras de apoyo. El 4 de marzo fue convocada una manifestación en la Plaza de los Derechos Humanos de la Ciudad de Guatemala, a favor de la libertad de expresión, bajo la consigna 'No Nos Callarán'.

Zamora, que en 2021 recibió de manos de Felipe VI el premio Rey de España al medio de comunicación destacado de Iberoamérica, se enfrenta a dos procesos penales. El primero, por lavado de dinero; y el segundo, por obstrucción a la justicia. En ambos hay una figura clave llamada Ronald García Navarijo, que funge como testigo y acusador principal. El testigo acusa al periodista de «chantaje», por supuestamente pedirle 200.000 quetzales (24.000 euros) a cambio de no implicarlo en un caso de lavado de dinero ('Caso Arca').

Pero Navarijo tiene su propio historial criminal que lo implica en tramas de corrupción, razón por la que su testimonio en contra de Zamora ha sido cuestionado por múltiples juristas y organizaciones de Derechos Humanos. Navarijo fue el gerente general del Banco de los Trabajadores y está implicado en un caso de corrupción investigado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, quienes lo acusan del desfalco del banco. Navarijo enfrenta un proceso judicial por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado en el 'Caso Arca', una red de corrupción por la que el extinto Partido Patriota habría recibido dinero para financiar campañas electorales.

La fiscalía sugiere que más de 26 millones de quetzales (unos tres millones de euros) fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores y que parte de ese dinero fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (Arca) para la campaña del partido, que llevó al poder al expresidente Otto Pérez Molina en 2012. Pérez Molina fue forzado a renunciar en 2015 tras una serie de manifestaciones pacíficas después de que la CICIG y el Ministerio Público lo acusaran de ser la cabecilla de una red de corrupción y defraudación aduanera conocida como 'La Línea'. El 7 de diciembre de 2022 un tribunal lo condenó a 16 años de prisión.