La frontera con México, un caos inevitable para Biden

La razón principal: en la medianoche de hoy jueves expira la aplicación del Título 42, una provisión de salud pública impuesta por Donald Trump al comienzo de la pandemia de Covid-19 que permitía la expulsión inmediata de los inmigrantes indocumentados que tratan de entrar en EE.UU., aunque sean solicitantes de asilo.

Biden prorrogó el uso de la norma durante parte de sus primeros dos años en la Casa Blanca, frente a las críticas de los activistas y de parte de su partido. Cuando, a finales del año pasado, la gran mayoría de las medidas contra el covid estaban desmanteladas, Biden trató de dar carpetazo al Título 42. La oposición de los republicanos -en especial, las autoridades locales en los estados fronterizos- fue frontal e interpusieron una batalla judicial que permitió alargar la vigencia hasta ahora.

Durante el primer tramo de la presidencia de Biden y, a pesar del Título 42, los arrestos de inmigrantes indocumentados habían batido récords históricos. Levantar esas restricciones provocaría una avalancha de entradas en EE.UU., con las regiones fronterizas llenas de inmigrantes esperando para cruzar a la primera potencia mundial, advertían los republicanos.

La región fronteriza se asoma a esa situación ahora mismo. Desde marzo de 2020, las fuerzas de seguridad de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en sus siglas en inglés) han detenido allí a 5,5 millones de inmigrantes indocumentados. De ellos, 2,8 millones fueron expulsados en virtud del Título 42. En estos momentos, se estima que hay cerca de 150.000 inmigrantes al otro lado de la frontera, esperando a cruzar. Muchos lo están haciendo ya, en los días previos al decaimiento de las restricciones: solo el martes fueron arrestados cerca de diez mil inmigrantes, un nivel diario muy alto y por encima de las previsiones de las autoridades.

En algunos lugares, la situación ya es caótica. Miles de inmigrantes que han cruzado la frontera duermen en las calles de El Paso (Texas), uno de los principales pasos fronterizos, al otro lado de Ciudad Juarez. «Todavía somos capaces de darles de comer, pero, para ser honestos, no es una operación sostenible», aseguraba a CNN John Martin, del Opportunity Center for the Homeless de esta localidad.

En Brownsville, también en Texas, también ciudad fronteriza, al otro lado de la mexicana Matamoros, las autoridades han aprobado una declaración de emergencia. El miércoles por la mañana, el CBP detallaba que en sus centros de detención a lo largo de la frontera ya había 28.000 inmigrantes.

«Seré claro: el levantamiento de la orden de salud pública del Título 42 no significa que la frontera esté abierta», insistió este miércoles, en la víspera de la expiración, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas. «Si entras de manera ilegal, serás expulsado».

Es algo que no creen los inmigrantes, que han albergado esperanzas de poder quedarse en EE.UU. desde que Biden llegó al poder en 2021, habló de un trato más «seguro» y «humano» a los inmigrantes y propuso al Congreso planes ambiciosos para la regularización de millones de ellos. En muchos casos, su plan es pedir asilo y quedarse en el país mientras se procesa su solicitud.

La Administración Biden realizó un esfuerzo de última hora para disuadir a los inmigrantes que buscan cruzar a EE.UU. y quedarse allí de manera irregular. Mayorkas presentó el miércoles un plan con varios frentes para tratar de contener la situación. Establece una propuesta regulatoria sin precedentes, que se finalizará este jueves, y que impedirá la petición de asilo a la mayoría de los inmigrantes no hayan pedido protección en otro país por el que hayan pasado -como México- antes de llegar a EE.UU.

Los planes también incluyen la aceptación de un número cerrado de inmigrantes -30.000 al mes- de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití siempre que formalicen sus citas y peticiones de asilo de manera regular, el refuerzo de la deportación expedita de los arrestado que no están cualificados para pedir asilo. Si cruzan la frontera de manera ilegal, serán expulsados a México.

También se ampliarán los recursos para tramitar, transportar y acoger en centros de detención al gran número de inmigrantes que se espera que crucen la frontera. La Administración Biden ha enviado a 1.500 militares a la frontera para ayudar en tareas burocráticas, además de un centenar de funcionarios dedicados a los casos de deportación. También se busca ampliar el número de centros de atención, financiar a organizaciones humanitarias que dan cobertura a los inmigrantes y establecer un centenar de centros de procesamiento de asilo -no se sabe cuándo estarán listos- en países del continente americano.

Todo parece insuficiente. La protesta habitual de la Administración Biden es que la culpa de todo es del Congreso, donde los republicanos no cooperan para aprobar una reforma migratoria efectiva y donde se niegan a conceder más recursos para la frontera.

Los republicanos, en la antesala de las presidenciales del año que viene, tienen claro quién es el culpable: Biden. El gobernador de Texas, Greg Abbott, le acusa de haber creado un «desastre catastrófico» y busca contener la crisis, con cierta teatralidad política, con un plan de llenar 'puntos calientes' de la frontera con alambre de púas -eso no parará los cruces- y con la creación de un grupo de seguridad específico, las Fuerzas Tácticas de Frontera.

Las protestas van más allá de los republicanos. La senadora independiente Kyrsten Sinema, que representa a un estado fronterizo, Arizona, ha advertido de la «crisis humanitaria» y la ha responsabilizado a la falta de preparación de la Administración Biden: «Han tenido dos años para hacerlo y no lo han hecho».

Incluso aliados demócratas de Biden, como la gobernadora de aquel estado, Katie Hobbs, advirtió al Gobierno sobre su preocupación ante la falta de preparación: «No recibimos una respuesta adecuada».