Vuelve a las librerías el polémico libro sobre el presidente del Supremo argentino

La editorial niega que su retirada, al segundo día de de ponerlo a la venta, fuera por censura y lo atribuye a problemas de impresión

El polémico libro sobre el presidente del Supremo argentino Carmen de Carlos

CARMEN DE CARLOS

El libro «El señor de la Corte» (Tribunal Supremo), de la abogado y periodista Natalia Aguiar, volvió a las librerías argentinas después de ser retirado por la editorial EdicionesB Argentina , a las 24 horas de ponerlo a la venta. La polémica, por una decisión que puso bajo la lupa de la censura a la editorial y a Ricardo Lorenzetti, protagonista del libro y titular de la más alta instancia judicial, lejos de amainar recrudeció.

Las explicaciones de Silvia Itkin, editora general de EdicionesB Argentina, no coinciden con las de libreros y la autora.

Itkin asegura que hubo «problemas de encolado» de las páginas que justificaron una medida extrema, como es sacar del mercado un título al día siguiente de ponerlo a la venta. Asimismo, insiste en que el problema afectó, «aproximadamente, a la mitad de la edición» (de unos 3.000 ejemplares). Según su relato, «esos volúmenes volvieron a imprimirse» durante el fin de semana largo por Carnaval y recién salidos de la imprenta, «se distribuyeron en las librerías el miércoles».

La autora recuerda que en diferentes locales de barrios céntricos como Recoleta o centros comerciales como Alto Palermo, rechazaron esa versión y reconocieron. « No recibimos ningún libro nuevo porque los ejemplares que la editorial nos pidió retirar el viernes nunca vinieron a buscarlos. Estos que ahora están de nuevo a la venta, son los mismos de la semana pasada». «Todas las librerías que recorrí –insiste Natalia Aguiar- me dieron la misma versión: nosotros no devolvimos ningún libro ni ningún lector se quejó de la edición».

En conversación telefónica con ABC, matiza, «en algunas librerías, más alejadas, pude hallar algunos ejemplares que siguieron a la venta». Por su parte, Silvia Itkín insiste en que ella tuvo en sus manos, «el viernes por la tarde un libro donde las páginas volaban » y menciona que una persona de su entorno, «también tuvo otro en condiciones idénticas». Por ese motivo, decidió, según su versión, «imprimir de nuevo».

Natalia Aguiar, en estos días donde la polémica fue en aumento, recuerda que en simultáneo a la retirada del libro , «se suspendió la presentación del mismo» e insiste en vislumbrar «la mano del presidente de la Corte, como sucedió con el libro del ex periodista y hoy diputado, Carlos Frade, que, como denuncia su autor, fue secuestrado y permanece en un depósito», recuerda.

La editora general de EdicionesB en Argentina reconoce, «entiendo que la situación parezca opaca y hasta disparatada. Hay terreno para la suspicacia pero las cosas son así». Respecto a la suspensión de la presentación del libro, para mediados de este mes, añade, «se volvió a reprogramar».

En este escenario, Natalia Aguiar recuerda otro episodio que alimenta su desconfianza, «el prólogo del libro –escrito por esta periodista- saltó de la edición». Ese «error» lo asume la editorial que niega, «cualquier intento de censura» y anuncia «más ediciones con su incorporación». Itkin justificó su silencio durante estos días de escándalo creciente porque que se encontraba en un lugar apartado y su teléfono móvil, aunque diera en ocasiones comunicando, «no le permitía devolver llamadas ni mensajes».

La polémica por la retirada de «El señor de la Corte» , se convirtió desde el viernes en una bola de nieve a la que se sumaron, en solidaridad con la autora, entusiastas de las redes sociales, periodistas y políticos de peso como, entre otros, Federico Pinedo del gobernante Pro, Elisa Carrió, de la coalición oficialista Cambiemos o Mariana Zubic, Paula Oliveto Lago y Fernando Sánchez, de la misma formación.

«El señor de la Corte», explica su autora, denuncia, entre otras, « irregularidades millonarias en la administración de los presupuestos del Poder Judicial, adjudicaciones reiteradas de obras públicas a constructoras que no cumplen o compras y modificaciones de software, incluido el electoral, que hacen vulnerables los resultados de las elecciones».

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