El Supremo venezolano dicta 15 meses de prisión para otro alcalde opositor
Ramos es uno de los alcaldes opositores citados a audiencias públicas por el TSJ por permitir protestas callejeras contra el Gobierno en sus jurisdicciones
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Supremo) de Venezuela ha sentenciado este viernes al alcalde opositor Alfredo Ramos a 15 meses de presión, tres días después de emitir un fallo similar contra Gustavo Marcano, otro gobernante contrario al Gobierno de Nicolás Maduro.
«Sala Constitucional del TSJ sanciona a Alfredo Ramos a 15 meses de prisión más las accesorias de ley», ha informado el Supremo a través de su cuenta en la red social Twitter donde también indicó que el alcalde incurrió en desacato de un amparo cautelar dictado el pasado 1 de junio.
Asimismo, la Sala determinó que Ramos « cesa en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio Iribarren del estado Lara (oeste)» y que durante el cumplimiento de la sanción «se declara la inhabilitación política » del imputado.
Por lo anterior, el máximo tribunal acordó lanzar una orden de captura contra el alcalde para lo cual ordenó notificar dicha medida al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y que este proceda «a la tramitación de orden de alerta roja a Interpol para situar y capturar fuera de Venezuela» a Ramos.
El Supremo estableció como centro de reclusión la sede del Sebin en Caracas y acordó mantener la medida de prohibición de salida del país , previamente decretada contra el burgomaestre.
Ante esta decisión Ramos responsabilizó por su seguridad a Maduro y al considerado número dos del chavismo Diosdado Cabello. «Hago responsable a @NicolasMaduro y @dCabellor de mi seguridad, la de mi familia y la de más de 500 empleados que nos acompañan», ha manifestado a través de Twitter.
Hago responsable a @NicolasMaduro y @dCabellor de mi seguridad, la de mi familia y la de más de 500 empleados que nos acompañan.
— Alfredo Ramos (@AlfredoARamos) 28 de julio de 2017
Ramos es uno de los alcaldes opositores citados a audiencias públicas por el TSJ por permitir protestas callejeras contra el Gobierno en sus jurisdicciones. La alta corte ha sido acusada repetidamente de servir como brazo judicial de Nicolás Maduro.
El Parlamento, de contundente mayoría opositora rechaza la legitimidad de 33 de sus magistrados por supuestas irregularidades en sus nombramientos por parte de la anterior Cámara controlada por el chavismo, y el pasado viernes designó a otros 33 jueces para sustituir a los que se encuentran en ejercicio en el Supremo.
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