Suiza requisa a los refugiados el dinero con el que llegan
Los que son aceptados en el país compartir con el Estado los gastos que genera su estancia
Los refugiados llevan encima todo el dinero que les queda después de pagar a los traficantes de personas, además de cualquier pertenencia de valor que hayan podido transportar, pero las autoridades suizas les requisan a su llegada casi todo. En este país están obligados por ley a entregar al Estado cantonal todos sus bienes personales que superen el valor de 1.000 francos suizos (unos 914 euros) para compartir con el Estado los costes que genera su estancia.
«Si usted tiene bienes por valor de más de 1.000 francos suizos al llegar a un centro de acogida, está obligado a renunciar a estos activos financieros a cambio de un recibo», reza la octavilla informativa que reciben en varios idiomas al cruzar la frontera. Además, los refugiados que obtengan el permiso para permanecer y trabajar en Suiza tienen que entregar el 10 por ciento de su salario durante 10 años hasta que reembolsen los 15.000 francos que las autoridades calculan que se gastaron en su manutención.
La secretaría de estado para la Migración (SEM) de Berna ha confirmado que los refugiados deben participar «en la medida que les sea posible en los costes que generan en el estado y también tienen que pagar a la larga el dinero que reciben de ayuda social». «Si alguien, de forma voluntaria, sale del país antes de siete meses, puede recuperar el dinero requisado. Si no, se utiliza para cubrir los costes que genera aquí», explica su portavoz Léa Wertheimer. El año pasado, las autoridades suizas requisaron bienes a 112 personas por un importe total de 210.000 francos (unos 190.000 euros). A lo largo de 2015, Suiza recibió un total de más de 40.000 refugiados.
También el Parlamento danés aprobó en diciembre que los refugiados que entren en el país se les confiscarán los bienes superiores a 350 euros . La Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de la ONU ha censurado estas prácticas, así como otras medidas que tienen como objeto retrasar la reunificación familiar y hacer más difícil la obtención del estatus de refugiado o el permiso de residencia en países europeos.
