Los sondeos dan la victoria al «sí» a los acuerdos de paz con las FARC

Colombia se enfrenta a la decisión más importante de sus últimos 52 años. La población tiene que decidir este domingo si acepta la fórmula para vivir en paz alcanzada entre las FARC y el Gobierno de Juan Manuel Santos , o prefiere seguir tratando de forjarse un futuro a tiro limpio. La población dirá la última palabra este domingo pero en el camino los argumentos a favor y en contra se suceden tanto dentro como fuera de sus fronteras.

La sociedad no parece estar polarizada , ni las familias enfrentadas, por defender una u otra posición pero es inevitable el análisis de los puntos más polémicos de un acuerdo que para unos significa «la legitimación del delito y la violencia» como forma de hacer política, según el exprocurador Alejandro Ordóñez, mientras que para otros -la mayoría según los sondeos, que dan una victoria al «sí» de en torno al 60%- se trata del «inicio de la construcción de un país en paz, en el cual nos encontremos todos, sin distingos ni exclusiones». Así lo explica el comunicado firmado por 150 familiares y víctimas del terrorismo guerrillero, paramilitar y el narcotráfico.

Entre los firmantes figura Gloria Pachón, viuda de Luis Carlos Galán, el político que se enfrentó al narco Pablo Escobar y terminó cosido a balazos en plena campaña cuando apenas tenía 45 años. Toda su familia respalda el «sí», porque «el destino de Colombia no puede ser la guerra».

El expresidente Alvaro Uribe asegura que su deseo es la paz pero no a cualquier precio y rechaza de plano ratificar el acuerdo suscrito en La Habana y formalizado hace unos días en Cartagena de Indias en presencia de decenas de mandatarios y expresidentes. «Se trata de una amnistía disfrazada por delitos de lesa humanidad», protesta en cada intervención pública. El objetivo de Uribe, según sus palabras, no es dar un portazo a todo el proceso, sino «que sigan negociado», insiste.

La meta del hombre que convirtió a Juan Manuel Santos en ministro de Defensa, puesto que le sirvió para catapultarse a la presidencia, es «corregir los acuerdos con los que -a su juicio- Santos premia a las FARC». Su adjudicación, sin pasar por las urnas, de media docena de escaños a los guerrilleros, la ausencia de juicios ordinarios y las ayudas económicas cuando son «el primer cartel de cocaína del mundo», denuncia, son algunos aspectos de un pacto que no tolera. En ese contexto, sus críticos le recuerdan que él fue el responsable de la amnistía que dio durante su gobierno a las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), en otro proceso no exento de polémica y que él interpreta como un logró. Durante su Gobierno, reitera, «se desmovilizaron 35.000 paramilitares y 18.000 guerrilleros». Dicho esto, cree «un mal ejemplo» que, con el acuerdo, se considere «delito político el narcotráfico».

José Miguel Vivanco , director de la división de las Américas de Human Rights Watch, declinó respaldar un acuerdo que considera contrario a la justicia universal que obliga a perseguir, sin fecha de caducidad, los delitos de lesa humanidad. Firme defensor del proceso, el secretario general de la OEA, Luis Almagro , se vio en apuros para justificar la virtual «impunidad» de la guerrilla que, por boca de su último líder, Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», pidió «sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto , por todo el dolor que haya podido causar esta guerra». Almagro, en una entrevista para una cadena de televisión local, apeló a las expectativas de los colombianos: «Tendremos que ver si el acuerdo da los resultados que la sociedad espera», observó.