El canciller austríaco Kurz rechaza las acusaciones de la Fiscalía por corrupción
El líder del Partido Popular Austríaco está acusado de incitar al pago de sobornos, mientras que varias personas de su círculo más cercano están acusados del pago de los mismos
El canciller austriaco Sebastian Kurz ha rechazado «al mil por cien» todas las acusaciones y ha garantizado que «por supuesto seguiré siendo canciller». Kurz cuestiona las acusaciones de la Fiscalía, que ordenó ayer redadas en el Ministerio de Finanzas austriaco y en despachos de la sede de su partido, el conservador ÖVP, relacionadas con el uso de dinero público para manipular encuestas de opinión en 2016 y 2018. «Con la mejor voluntad del mundo, no puedo imaginar ninguna otra cosa», añadió cuando se le preguntaba por la continuidad de su coalición de gobierno con Los Verdes.
«Sebastian Kurz y otros nueve sospechosos, así como tres organizaciones», señala el comunicado de la Fiscalía, estarían implicados en un caso de corrupción para asegurarse una cobertura mediática favorable. En ese momento Kurz formaba parte del gobierno como ministro de Exteriores y los fiscales sospechan que el Ministerio de Finanzas compró espacios publicitarios a cambio de artículos elogiosos y encuestas de opinión a favor. El medio de comunicación no ha sido identificado por los fiscales pero la prensa austriaca da por hecho que se trata del periódico sensacionalista Österreich. «Todas estas acusaciones están dirigidas contra empleados del Ministerio de Hacienda y el material probatorio consiste en fragmentos de SMS descontextualizados, se ha creado un dosier delictivo en torno a ellos», ha dicho Kurz, «en todo caso, yo no escribí ningún SMS y considero que se trata de acusaciones inventadas. El hecho de que las encuestas fueran manipuladas es de partida absurdo porque decenas de encuestas publicadas en muchos otros medios en el período en cuestión arrojaron valores muy similares».
La Fiscalía Económica y de Corrupción (WKSTA), sin embargo, afirma que cuenta con indicios de abuso de confianza, soborno y corrupción . Los fiscales sospechan que el equipo que rodea al hoy jefe de gobierno de 35 años compró informes positivos para allanar el camino político de Kurz hasta la dirección del partido y la Cancillería. Un funcionario del Ministerio de Finanzas cuya identidad no ha sido dada a conocer habría un papel importante en el desvío de los fondos. El grupo de medios propietario del periódico niega también las acusaciones y asegura que en ningún momento ha habido un acuerdo con el Ministerio de Finanzas para pagar las encuestas a través de anuncios.
El escándalo no afecta por el momento a la estabilidad del gobierno austriaco. El vicecanciller y líder de Los Verdes, Werner Kogler ha garantizado que «estas revelaciones no alteran nuestro trabajo conjunto» , pero ha lamentado que diputados del ÖVP hayan realizado declaraciones que ponen en cuestión la imparcialidad de la Fiscalía y que atribuía la investigación a «grupúsculos de izquierda que tienen tomada esa oficina». El presidente de Austria, también miembro de Los Verdes, Alexander van der Wellen, ha reprendido a quienes hayan sembrado «la sospecha generalizada de parcialidad hacia la Fiscalía, que es inadmisible y supone traspasar los límites».
Polarización en el país
El politólogo austriaco Peter Filzmaier asume que Kurz podrá sobrevivir políticamente a la investigación por el momento. «Kurz se mantendría en su cargo, pero las acusaciones alimentarán aún más la polarización en el país», augura, y señala que «el escenario más probable es que los políticos y el público pasen ahora meses o incluso años, hasta el final del proceso, lidiando con la cuestión de si el Canciller es culpable o inocente». Los mayores riesgos para Kurz, a juicio de Filzmaier, son el comportamiento del socio de la coalición verde y el de los demás acusados. Si alguien de este grupo testificara de manera negativa, surgiría una nueva situación.
Kurz rechaza que la oficina del fiscal sospeche realmente que él instigó estos actos, pero sus respuestas se vuelven más evasivas en lo referente a los mensajes SMS del exjefe de ÖBAG y exsecretario general del Ministerio de Finanzas, Thomas Schmid, que estarían dirigidos a empleados del Ministerio de Finanzas en ese momento. La ÖBAG es una sociedad de cartera estatal que gestiona las inversiones de la República de Austria en empresas total o parcialmente nacionalizadas, con sede en Viena. «Ahora, primero se debe verificar si estas acusaciones son ciertas», ha dicho Kurz al respecto. Y en lo que muestra una disconformidad categórica es en la insinuación de que habría instigado a la ex colega del gabinete, Sophie Karmasin, a cambiar las preguntas de las encuestas. Admite haber hablado con ella sobre encuestas a veces, «pero eso es bastante normal, sobre todo porque ella dirige un instituto de investigación demoscópica». Asegura sentirse «muy relajado» con la investigación y que no entiende «por qué yo debería ser responsable de todos los males».
No es la primera vez que la relación entre la administración estatal y los medios de comunicación austriacos es puesta en cuestión. El propio Kurz ha criticado los muy altos gastos en publicidad de la ciudad de Viena, liderada por los socialdemócratas del SPÖ. Varios partidos políticos, como NEOS, han estado pidiendo una reforma fundamental de la financiación de los medios y un alejamiento o al menos un aumento de la transparencia de los acuerdos publicitarios durante años.
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