El régimen de Ortega detiene al presidente de la patronal más grande de Nicaragua
Las autoridades nicaragüenses lo acusan de lavado de dinero y de «realizar actos que menoscaban la soberanía»
La Policía Nacional detuvo este jueves a Michael Healy Lacayo, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) —la gremial más importante del país—, minutos después de salir de la Fiscalía tras una cita a la que fue convocado un día antes. Healy acudió a la entrevista sin conocer las razones de su comparecencia. «Yo no he hecho nada malo», dijo el empresario previo a su ingreso. Cuatro kilómetros después fue arrestado por una patrulla policial en una de las avenidas principales de la capital. Poco después de la detención, los oficiales allanaron su casa .
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Pese a que en los últimos meses el Cosep que presidía Healy no emitía ninguna opinión beligerante de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre, la figura del empresario está ligada a los movimientos opositores surgidos hace tres años durante las protestas antigubernamentales. El empresario agarró notoriedad en la primera sesión de un diálogo entre la oposición y el gobierno , en mayo de 2018. En la mesa amenazó al presidente Daniel Ortega con parar el país si no ordenaba el cese a la represión.
Healy amenazó, en la mesa de diálogo en 2018, al presidente Daniel Ortega con parar el país si no ordenaba el cese a la represión
Las autoridades informaron tras su detención que sería procesado por los supuestos delitos de lavado de dinero y por «realizar actos que menoscaban la soberanía nacional». También fue arrestado Álvaro Vargas Duarte, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic). Con ellos, son cuatro los empresarios encarcelados en la reciente escalada represiva del gobierno contra liderazgos opositores. Los primeros detenidos fueron José Adán Aguerri, predecesor de Healy en el Cosep; y Luis Rivas Anduray, gerente general del Banco de la Producción, el más grande del país.
La captura del directivo ocurre a casi tres semanas de las elecciones generales, en las cuales el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo encarcelaron a los candidatos que podrían ser un riesgo para su mandato.
«Estas acciones violentan los derechos individuales establecidos en la Constitución Política de Nicaragua y los derechos humanos reconocidos por los tratados internacionales suscritos por Nicaragua. El país necesita paz y estabilidad. Exigimos su libertad», reaccionó la patronal a través de un comunicado en redes sociales.
Exigimos la inmediata liberación de nuestro presidente Michael Healy Lacayo, primer vicepresidente Álvaro Vargas Duarte y ex presidente José Adán Aguerri Chamorro, así como a todos los presos políticos. pic.twitter.com/s0iwWgKCIW
— COSEP Nicaragua (@COSEPNicaragua) October 21, 2021
Las protestas de 2018 pusieron fin al polémico modelo de 'diálogo y consenso' entre el capital y el gobierno nicaragüense . Dicho mecanismo fue cuestionado por sectores de la sociedad civil, debido a que según ellos priorizaba la estabilidad económica a expensas de la democracia y la institucionalidad.
