El régimen de Daniel Ortega retira a su embajador en España
A través de la Cancillería se despojó de sus funciones a Carlos Midence, por supuestas «amenazas injerencistas» que recibió el diplomático
El Gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua retiró de sus funciones al embajador en España, Carlos Midence , quien estaba en el cargo desde el 19 de enero de 2017. La medida se dio a conocer a través de la Cancillería nicaragüense, la misma institución que ha cometido exabruptos diplomáticos contra el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Las relaciones entre ambos países atraviesan un serio desgaste, producto del elevado lenguaje que utiliza el régimen sandinista, que además acusa a España de realizar «amenazas injerencistas».
«Esta decisión responde a las continuas presiones y amenazas injerencistas sobre nuestro embajador, que hacen imposible el ejercicio de la labor diplomática», anunció la Cancillería de Nicaragua el jueves.
Las relaciones entre ambos países no andan bien. La Cancillería nicaragüense ha realizado graves acusaciones contra la exministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación , Arancha González Laya, quien fue tildada de «trasnochada mandamás» y de dirigirse al país «con voz de alguacil».
España ha sido uno de los países, junto al resto de la Unión Europea, en desconocer los resultados electorales del pasado 7 de noviembre, que mantuvieron en el poder a Ortega y a su vicepresidenta, y esposa, Rosario Murillo. Uno de los últimos exabruptos ocurrió el 24 de febrero, cuando el régimen de Ortega envió una carta de protesta ante las declaraciones del ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, por unas declaraciones realizadas por Juan Fernández Trigo , secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Fernández Trigo aseguró que habría un cambio en las relaciones entre ambos países. «Tenemos que hacer un trabajo importante para que puedan salir de la cárcel personas que están por razones políticas encarceladas y nos hace falta la fuerza de una embajadora en el país», añadió.
A principios de agosto, el Gobierno de Pedro Sánchez llamó a consultas a la embajadora María del Mar Fernández-Palacios, debido a otro comunicado en el que, según el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, contenía «gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales» españoles.
La misiva de la Cancillería nicaragüense aseguró que «la cínica y continua, intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos, impropias de gobiernos gemocráticos, impropias también de regímenes que incumplen continuamente con los derechos de sus pueblos a la autonomía o a procesos autonómicos de independencia, que tanto sufrimiento han costado ya a familias enteras de pueblos que se niegan a seguir siendo sometidos a arbitrarios dictados monárquicos».
Cierre de la Casa España
El jueves también se ordenó el cierre de Casa España, un club social privado que tenía el fin de estrechar lazos entre los residentes españoles en Nicaragua. Quien ordenó el cierre fue el Ministerio de Gobernación, alegando supuestas «contradicciones y falta de entendimiento» entre los socios. También exigió la elección de otra Junta Directiva con nuevos estatutos.
Lo que más extraña a los socios y representantes legales del club campestre es la solicitud de la lista de miembros e ingresos al local, realizada por los funcionarios nicaragüenses.
En los últimos meses, la Asamblea Nacional ha cancelado la administración legal de varias organizaciones de la sociedad civil que realizaban en el país operaciones de ayuda y formación. Entre noviembre de 2018 y febrero de 2022 han sido canceladas 114 oenegés independientes, así como más de una docena de universidades privadas.
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